La economía mexicana navega en un escenario de resultados mixtos. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 0.9% anual, lo que representa la tasa más baja desde 2020. Esta desaceleración se ve agravada por una contracción del sector industrial del 0.7% y, de manera más alarmante, por la pérdida de 139,444 empleos formales en el segundo trimestre. Estos datos reflejan un panorama de fragilidad económica que persiste a pesar de la estabilidad de variables como el tipo de cambio.
En respuesta a este sombrío panorama, el gobierno ha lanzado una estrategia ambiciosa para impulsar el crecimiento. El llamado «Plan México» busca fortalecer la economía a través de la inversión pública y privada, con grandes proyectos de infraestructura como la construcción de nuevos puertos, autopistas y líneas ferroviarias. El objetivo es claro: estimular la economía desde las grandes obras e incrementar el contenido nacional en las cadenas de suministro globales, aprovechando el potencial del nearshoring.
La contradicción entre las cifras de crecimiento actuales y los planes de inversión del gobierno es la clave del debate. Mientras la administración apuesta por proyectos a largo plazo que tardarán en madurar, la economía real muestra síntomas de debilidad inmediata, con un impacto directo en el empleo y la producción. El reto es si estas ambiciosas políticas de infraestructura lograrán revertir la tendencia negativa del sector industrial y generar los empleos formales necesarios para una recuperación robusta y sostenible.
