La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el rescate financiero destinado a Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierte en uno de los principales obstáculos para la consolidación fiscal del país en 2025, y que seguirá presionando al gasto público en 2026.
Édgar Amador Zamora explicó que casi la mitad (46 %) de los vencimientos de deuda de Pemex recaen sobre esta administración, una carga abundante heredada de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Para enfrentar esos compromisos, el gobierno propone una línea presupuestaria de 263,500 millones de pesos para Pemex en 2026, lo que representa un incremento de 86 % respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Este financiamiento se canaliza a través de la Secretaría de Energía (Sener), encargada de transferir los recursos para que la petrolera pueda cumplir sus obligaciones financieras. Entre los retos señalados, destaca el deterioro en los indicadores de producción de gasolina y diésel, que merman los ingresos propios de Pemex, a pesar de un apoyo creciente desde el Estado.
Desde una mirada crítica, estos datos muestran una tensión fiscal clara: los recursos que se destinan a amortizar deuda y rescatar a Pemex compiten con otras prioridades presupuestarias. Además, la dependencia de estos apoyos compromete la autonomía financiera futura de la petrolera, retrasando su meta de autosuficiencia que, según el gobierno, podría alcanzarse hacia 2027.
En resumen, el rescate a Pemex alivia coyunturalmente sus presiones financieras, pero al mismo tiempo amplía riesgos fiscales y reduce el margen de maniobra del gobierno para otras políticas públicas esenciales.
