El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en pleno centro de la ciudad durante un evento público, reviste múltiples dimensiones de política, seguridad y poder regional. Manzo —quien se distinguía por el uso de un característico sombrero y por encabezar el llamado “Movimiento del Sombrero” (“La Sombreriza”)— no solo gobernaba el municipio, sino que también impulsaba una nueva plataforma social-política que aspiraba a trascender el ámbito local.
El entorno de la muerte del edil arroja aspectos inquietantes: aunque desde diciembre de 2024 contaba con protección federal reforzada, el ataque —registrado en un espacio público y abierto— fue letal. Además, Uruapan es territorio complejo: zona de alta incidencia delictiva, con presencia de al menos cinco grupos criminales que rivalizan por el control territorial y económico.
Desde una mirada crítica, hay tres puntos urgentes a subrayar. Primero, el hecho demuestra que la asignación de escoltas o agentes no bastan si no se articulan estrategias de prevención, inteligencia y supervisión coherentes. Segundo, el crecimiento de movimientos emergentes como el Movimiento del Sombrero —basado en la movilización social, presencia digital y retórica de confrontación contra el crimen— plantea un nuevo vector de riesgo para la clase política: ser independiente no exime de vulnerabilidad. Tercero, el crimen contra Manzo advierte que la seguridad del nivel municipal sigue siendo frontera de impunidad y conflicto; el Estado debe recalibrar su capacidad de protección para autoridades locales en zonas altamente peligrosas.
