El sistema financiero colombiano inicia una fase de transformación estructural tras la expedición del marco normativo que hace obligatoria la interoperabilidad de datos. Mediante una disposición oficial, el Gobierno Nacional busca modernizar la infraestructura del sector para que la información financiera sea utilizada en beneficio directo de los ciudadanos. Este cambio normativo sucede a un modelo voluntario implementado en 2022 que, debido a la baja participación de las entidades, no logró dinamizar el mercado ni profundizar la inclusión crediticia de manera efectiva.
Cifras y condiciones
La nueva regulación es el resultado de un proceso de construcción participativa fundamentado en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La viabilidad técnica y operativa del sistema se consolidó tras una fase de consulta pública que permitió integrar diversas perspectivas técnicas y de seguridad.
Las condiciones y hitos que rigen este nuevo esquema son:
- Decreto 0368 expedido el 7 de abril de 2026.
- Plazo de 6 meses para la publicación del cronograma oficial y estándares técnicos.
- Plazo de 1 año para la puesta en marcha del Directorio de Participantes y definición de indicadores.
- Recepción de más de 500 observaciones en rondas de comentarios en diciembre de 2024 y junio de 2025.
- Uso obligatorio de protocolos automáticos conocidos como Interfaces de Programación de Aplicaciones (API).
Lectura financiera
El paso de la voluntariedad a la obligatoriedad elimina los obstáculos que mantenían la información de los usuarios restringida a pocas instituciones financieras. Desde una perspectiva de estrategia operativa, las entidades ahora deben habilitar puentes digitales estandarizados para que las bases de datos puedan comunicarse de forma segura. Este mecanismo de finanzas abiertas permite que instituciones como bancos, fiduciarias y aseguradoras accedan, bajo consentimiento explícito, a categorías de información que incluyen saldos, historial transaccional y procesos de vinculación.
La arquitectura del sistema impone un modelo de gobierno de datos basado en principios de transparencia, calidad y seguridad restringida. Para mitigar riesgos de ciberseguridad y proteger la privacidad, se ha establecido un protocolo de doble verificación: primero, el usuario autoriza a la entidad receptora y, posteriormente, su banco de origen debe solicitar una confirmación final antes de liberar la información. Todo el proceso permanece bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, que actuará como ente regulador y administrador del Directorio de Participantes autorizado.
Implicaciones de mercado
La democratización del acceso a los datos financieros altera las dinámicas de competencia y el perfilamiento de riesgos en el sector. Al disponer de información más detallada, las entidades podrán diseñar productos personalizados que se ajusten a las necesidades reales de los clientes, tales como seguros con primas ajustadas al comportamiento o cuentas de ahorro con beneficios específicos según el uso. A largo plazo, se proyecta que este aumento en la rivalidad entre bancos genere una mayor profundidad financiera y desemboque en tasas de interés más bajas para los consumidores.
Para los ciudadanos y pequeñas unidades productivas de la economía popular, este decreto representa una herramienta de empoderamiento y transformación social. Personas sin historial crediticio tradicional podrán ahora demostrar su capacidad de pago mediante el intercambio de su historial de transacciones de los últimos 12 meses, facilitando el acceso a créditos en mejores condiciones. El sistema garantiza que los titulares de la información sean quienes decidan quién y cómo utiliza sus datos, contribuyendo directamente a cerrar brechas de acceso en el ecosistema financiero nacional.
