El gobierno federal salió a responder al tropiezo económico del arranque de 2026 con una ofensiva para destrabar inversión. Después de que el PIB reportó una caída de 0.8% trimestral en el primer trimestre y un crecimiento anual de apenas 0.2%, la administración de Claudia Sheinbaum presentó un paquete de medidas dentro de Plan México para acelerar autorizaciones, simplificar comercio exterior, recortar trámites y tratar de contener el enfriamiento de la economía.
La magnitud del dato explica la reacción. El retroceso no se concentró en una sola actividad: las primarias cayeron 1.4% trimestral, las secundarias 1.1% y las terciarias 0.6%. Es decir, la debilidad fue amplia y dejó a la economía sin un motor claro al inicio del año. Por eso la respuesta oficial no se presentó como una acción aislada, sino como una tentativa de mover rápido el terreno regulatorio antes de que el freno en inversión y actividad se vuelva más profundo.
La pieza central del paquete fue la aceleración de proyectos de inversión. Los planes ubicados en polos de bienestar, en sectores estratégicos o con montos de al menos 2 mil millones de pesos podrán recibir una autorización en un plazo no mayor a 30 días. Para otras inversiones privadas, el gobierno fijó un tiempo máximo de 90 días para resolver trámites federales. A esto se sumó la creación de una Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y una Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, con la idea de reducir el laberinto burocrático que suele retrasar proyectos productivos.
La lógica del anuncio es clara: si la economía se está frenando y la inversión privada sigue cautelosa, el gobierno quiere vender la idea de que al menos dejará de ser parte del problema. No se trata solo de un discurso de impulso económico, sino de una apuesta por disminuir tiempos, ventanillas y costos regulatorios en un momento en que la actividad ya dio una señal de agotamiento.
Uno de los movimientos más visibles estuvo en el frente sanitario. Cofepris reducirá sus procesos de 340 a 125 trámites, bajará requisitos y recortará tiempos promedio de resolución de 100 a 24 días. Para sectores como farmacéutico, dispositivos médicos, investigación clínica, alimentos y manufactura regulada, esa simplificación puede significar menos tiempo muerto y menor costo de entrada. Dicho sin rodeos: si el gobierno no puede reactivar la economía por decreto, al menos quiere dejar de frenarla con expedientes interminables.
El plan también buscó mostrar músculo en infraestructura. Se anunció una inversión superior a 523 mil millones de pesos para 44 proyectos carreteros, equivalentes a unos 5 mil 100 kilómetros, con una generación estimada de 1.4 millones de empleos directos e indirectos. Ese componente importa porque le da algo de cuerpo material a una estrategia que, de otro modo, habría quedado solo en simplificación administrativa. El mensaje es que habrá menos trabas, pero también una cartera visible de obra y participación privada.
El problema es que el mercado ya se movió en sentido contrario. En la encuesta de abril del banco central, los especialistas recortaron su expectativa de crecimiento del PIB para 2026 de 1.44% a 1.35%, mientras la mediana bajó de 1.49% a 1.38%. Al mismo tiempo, elevaron la previsión de inflación general para cierre de año de 4.22% a 4.37%. La señal es incómoda: la economía no solo se desacelera, sino que lo hace con precios todavía presionados.
Más delicado aún es que también aumentó con fuerza la probabilidad de una contracción del PIB en el primer trimestre. Esa probabilidad media pasó de 38.22% a 61.80%. En otras palabras, el deterioro ya no solo apareció en el dato observado, sino también en la lectura del sector privado sobre el punto de partida de 2026. El recorte de expectativas no describe un colapso, pero sí un año más débil de lo que se creía hace apenas un mes.
Plan México puede ayudar a destrabar expedientes, acelerar permisos y hacer más digerible el entorno regulatorio. Eso no es menor. Pero tampoco conviene venderlo como remedio suficiente. Una caída trimestral de 0.8% no se revierte solo con decretos, sobre todo cuando la debilidad también pasa por inversión contenida, cautela empresarial y tensiones comerciales. El paquete anunciado puede mejorar el ambiente para nuevos proyectos; lo que todavía no garantiza es que esa mejoría llegue con la velocidad necesaria para cambiar la trayectoria de una economía que ya arrancó 2026 con el freno puesto.
