El Senado de la República declaró este martes la validez constitucional de la reforma de nacionalidad única, luego de que 22 congresos estatales aprobaron los cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La modificación establece nuevas condiciones para quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La declaratoria marca el cierre de la etapa de aprobación por las legislaturas locales dentro del procedimiento de reforma constitucional. El cambio todavía deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, aunque sus nuevas reglas de elegibilidad comenzarán a aplicarse hasta el proceso electoral correspondiente a 2028.
La reforma no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos. Su alcance se concentra en quienes pretendan ocupar alguno de los cargos de los Poderes Ejecutivos federal o locales incluidos en la modificación.
La nacionalidad será un requisito para llegar a la boleta
A partir de la entrada en aplicación de las nuevas reglas, quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Si cuentan con una segunda ciudadanía, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
La disposición también establece restricciones durante el ejercicio del cargo. Quienes ocupen estas posiciones no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
El cambio introduce así una diferencia entre conservar una segunda nacionalidad como ciudadano y mantenerla al momento de buscar uno de los cargos contemplados. La legislación secundaria tendrá que adecuarse para establecer los procedimientos correspondientes.
El régimen transitorio también fija que el Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Las entidades federativas tendrán el mismo plazo para armonizar sus constituciones y leyes electorales.
El debate ahora se trasladará a la aplicación de la reforma
La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos deben representar únicamente al Estado mexicano. Durante una conferencia, sostuvo que un presidente o gobernador no debería mantener otra nacionalidad por tratarse de cargos vinculados directamente con la representación del Estado y la soberanía nacional.
La oposición cuestionó el criterio desde la discusión legislativa. En la Cámara de Diputados, el PAN advirtió sobre el carácter electoral de la modificación, mientras Movimiento Ciudadano señaló que la doble nacionalidad no debería utilizarse por sí misma para determinar la lealtad de una persona hacia México. El PRI también cuestionó las restricciones para ciudadanos con vínculos con otros países.
La aplicación de la reforma no será inmediata para las elecciones que se encuentran en preparación. El propio Gobierno federal aclaró que el régimen transitorio establece expresamente que las nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, con el objetivo de no modificar las reglas de una elección que ya está en curso.
Con la declaratoria de este martes, la reforma supera el último filtro de los congresos estatales y queda pendiente su publicación para completar el procedimiento. El cambio tampoco afectará a quienes actualmente ocupen los cargos señalados.
La discusión, por tanto, dejará de centrarse en si la reforma puede avanzar y comenzará a concentrarse en cómo se aplicará. Para quienes aspiren a gobernar México, una entidad federativa o la capital del país, la nacionalidad dejará de ser únicamente una condición de origen y se convertirá en un requisito adicional para competir por el cargo a partir de 2028.
