El Gobierno federal comenzó a preparar una estrategia para evitar que el crimen organizado intervenga en las elecciones de 2027. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el jueves 8 de octubre que sostuvo reuniones con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y representantes de distintas instituciones para identificar los focos rojos de procesos anteriores y establecer medidas preventivas.
El anuncio se produjo después de la comparecencia privada del funcionario ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como parte de la revisión del Segundo Informe de Gobierno. García Harfuch explicó que los trabajos buscan anticipar riesgos, aunque dejó pendiente la presentación de las acciones concretas que se desplegarán rumbo a los comicios.
Identificar las zonas de riesgo
En la coordinación participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Consejería Jurídica de la Presidencia y otras instituciones del Gabinete de Seguridad. También se contempla la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías locales.
La intención es revisar dónde se han registrado amenazas o incidentes en elecciones anteriores y determinar qué situaciones requieren atención prioritaria. Sin embargo, hasta el 9 de octubre no se había presentado públicamente un mapa de las zonas consideradas de mayor riesgo, ni los indicadores que permitirán clasificarlas.
García Harfuch señaló que las autoridades darán a conocer posteriormente las medidas previstas. Por ahora, la estrategia se encuentra en una fase de coordinación y diagnóstico: no se han detallado los protocolos de protección, los recursos asignados ni los mecanismos para evaluar los resultados.
La tarea adquiere relevancia porque en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán elecciones locales en distintas entidades. Las amenazas pueden dirigirse contra aspirantes, funcionarios electorales o ciudadanos, pero las condiciones de seguridad varían entre regiones y requieren respuestas diferenciadas.
El INE también ajusta sus mecanismos
Mientras el Gobierno prepara su estrategia de seguridad, el INE avanzó en un procedimiento relacionado con la integridad de las candidaturas. El 8 de octubre, su Consejo General modificó los lineamientos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas e incorporó la participación de representantes partidistas y consejerías del Poder Legislativo con voz, pero sin voto.
El mecanismo permite que los partidos y las personas aspirantes independientes soliciten voluntariamente la revisión de perfiles, con consentimiento previo de quienes serán evaluados. Las autoridades competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera determinan si existe un riesgo razonable.
La verificación tiene límites expresos. La información debe mantenerse confidencial y los resultados no determinan responsabilidades penales ni permiten al INE negar automáticamente el registro de una candidatura. La presunción de inocencia y los derechos político-electorales deben mantenerse protegidos durante el procedimiento.
Esta revisión no equivale a la estrategia anunciada por García Harfuch. El mecanismo electoral busca aportar información sobre posibles riesgos asociados con las candidaturas; la coordinación de seguridad pretende prevenir amenazas y posibles intervenciones criminales durante el proceso. Son acciones complementarias, pero con atribuciones y objetivos distintos.
El desafío será traducir ambas líneas de trabajo en procedimientos que permitan actuar antes de que una amenaza se convierta en una agresión. Para ello, las autoridades deberán establecer cómo recibirán las denuncias, quién evaluará cada caso, qué institución brindará protección y cómo compartirán información sensible sin exponer a las personas involucradas.
Por ahora, el Gobierno confirmó que la identificación de focos rojos está en marcha, mientras el INE ya modificó las reglas de verificación. La siguiente etapa será conocer las medidas operativas y los criterios que orientarán su aplicación. La eficacia de la estrategia dependerá de que la coordinación institucional se traduzca en protección oportuna y verificable, sin confundir una alerta preventiva con una prueba de responsabilidad criminal.
