La presidenta Claudia Sheinbaum decidió aplazar el envío al Congreso de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, previsto para este 12 de octubre, porque las consultas con las comunidades todavía no concluyen y existen desacuerdos sobre el contenido y el procedimiento. La mandataria afirmó que los pueblos tendrán la última palabra sobre cuándo estará lista la propuesta. El retraso ocurre después de que el Gobierno anunciara una consulta nacional para 16 mil 728 comunidades y mientras organizaciones indígenas cuestionan la legitimidad del proceso.
Durante un encuentro en Palacio Nacional por el Día de la Resistencia de los Pueblos, Sheinbaum sostuvo que la iniciativa no será presentada hasta que las comunidades indiquen que la discusión ha terminado. También explicó que el Gobierno decidió ampliar la consulta para alcanzar acuerdos en los puntos donde todavía hay diferencias. No se ha informado una nueva fecha para entregar el proyecto al Congreso.
Una consulta nacional con retrasos y desacuerdos
El proceso comenzó formalmente en junio, cuando la Presidencia anunció que la propuesta se discutiría con las comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. El calendario contemplaba etapas de información, deliberación y adecuación del texto entre septiembre y el 11 de octubre, para presentar la iniciativa el día 12. Los materiales se traducirían a las 68 lenguas indígenas del país.
Sin embargo, el calendario se modificó. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas informó el 24 de septiembre que se habían realizado 63 de las 82 asambleas regionales previstas, con participación de 10 mil 280 comunidades y 17 mil 426 autoridades y representantes. La dependencia reportó un avance de 76.8 por ciento en las asambleas programadas. El dato documenta el progreso oficial, pero también confirma que había actividades pendientes pocas semanas antes de la fecha fijada para presentar la iniciativa.
El aplazamiento no responde únicamente a cuestiones de calendario. La Jornada informó este lunes que algunas comunidades presentaron quejas y amparos relacionados con las consultas. En paralelo, participantes de la Asamblea Nacional Conmemorativa por los 30 años del Congreso Nacional Indígena rechazaron la iniciativa gubernamental y cuestionaron los foros y los mecanismos de consulta. Estas posiciones muestran que no existe una aceptación uniforme del proceso y que las autoridades deberán atender los desacuerdos, además de completar las etapas previstas.
Qué está en juego en la ley
La propuesta busca desarrollar el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tras la reforma al artículo 2 constitucional de 2024. Según el Gobierno, el texto contempla derechos vinculados con la libre determinación, la autonomía, la participación en la vida pública, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, además de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
El desafío será traducir esos principios en obligaciones concretas y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento. La ley también tendrá que definir responsabilidades institucionales y cómo se atenderán las diferencias entre comunidades, autoridades y proyectos que puedan afectar sus territorios o formas de organización.
La consulta importa porque no basta con informar a las comunidades sobre un texto ya elaborado: el proceso debe permitirles proponer cambios y conocer cómo se incorporan sus planteamientos. Para valorar su alcance será necesario saber qué observaciones se recibieron, cuáles se integraron y qué asuntos permanecen en desacuerdo.
El retraso no significa que la iniciativa haya sido cancelada, sino que su presentación queda pendiente hasta que el Gobierno considere concluida la consulta. La legitimidad de la futura ley dependerá no solo de terminar las asambleas, sino de demostrar que la participación influyó en el contenido final. La fecha de envío al Congreso sigue sin definirse; por ahora, la pregunta central es si la ampliación permitirá construir acuerdos más amplios o si persistirán las objeciones de comunidades que consideran insuficiente el procedimiento.
