El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón declaró extinguida la acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), y ordenó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023 por ejercicio ilícito del servicio público. La resolución se dictó el martes 13 de octubre, después de una audiencia de más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El procedimiento estaba relacionado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria del INM, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas. El juez consideró que Garduño cumplió las condiciones que le permitieron acceder a la suspensión condicional del proceso en enero de 2025. La decisión cierra esta causa sin que se celebrara un juicio que terminara con una sentencia condenatoria sobre su responsabilidad penal.
Las condiciones que llevaron al cierre del caso
La suspensión condicional concedida en enero de 2025 estableció medidas que Garduño debía cumplir durante un plazo de 18 meses. Entre ellas estaban la reparación del daño mediante indemnizaciones, una disculpa pública y la participación en cursos de derechos humanos y protección civil. También se contemplaron acciones relacionadas con la revisión de los planes de protección civil en estaciones migratorias.
Durante la audiencia, el juez determinó que las condiciones impuestas se habían cumplido y que procedía extinguir la acción penal. La Fiscalía General de la República sostuvo que el exfuncionario había atendido los requisitos y no se opuso al cierre del expediente. Garduño, al salir de la diligencia, afirmó que había cumplido las medidas y reiteró que, durante su gestión, se condujo con respeto a los derechos humanos.
El alcance jurídico de la resolución debe distinguirse de una sentencia absolutoria emitida después de un juicio. La causa se cerró porque el juez consideró satisfechas las condiciones de la salida alterna que se autorizó en 2025; no se desarrolló un juicio para determinar, mediante una sentencia de fondo, la responsabilidad penal de Garduño por los hechos. El sobreseimiento extingue esta causa en su contra, pero no equivale a que se hayan resuelto todas las responsabilidades relacionadas con el incendio.
Víctimas cuestionan la reparación y anuncian impugnación
La resolución generó inconformidad entre familiares y sobrevivientes. La representación legal de las víctimas anunció que impugnará la decisión y cuestionó que las medidas aplicadas sean suficientes frente a la magnitud de la tragedia. Durante la audiencia, algunas personas afectadas señalaron que siguen pendientes necesidades de atención médica y manifestaron insatisfacción con la disculpa pública ofrecida por el excomisionado.
Los reclamos también se dirigen al alcance de la investigación. Garduño fue procesado por ejercicio ilícito del servicio público, a partir de presuntas omisiones en la supervisión de la estación migratoria. La defensa de las víctimas ha sostenido que el cierre de esta causa no responde a la exigencia de determinar responsabilidades de mayor nivel. Esa postura corresponde a sus representantes y deberá plantearse por las vías legales disponibles.
El incendio ocurrió cuando personas migrantes permanecían detenidas dentro de las instalaciones. Videos difundidos después de los hechos mostraron que el fuego comenzó mientras había personas encerradas en una celda; la falta de apertura oportuna de las puertas fue uno de los aspectos que provocó cuestionamientos sobre los protocolos de emergencia y la actuación del personal a cargo. La tragedia dejó además preguntas sobre las condiciones de detención y la supervisión institucional.
La decisión del juez no pone fin automáticamente a todos los procedimientos relacionados con el caso ni impide que continúen otras causas contra personas distintas, conforme a sus respectivos expedientes. El siguiente paso será conocer la imp
