El Gobierno de Jalisco abrió una investigación interna contra 17 policías estatales identificados por su presunta actuación fuera de los protocolos durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara. La movilización exigía agua limpia y potable, en medio de las quejas de habitantes por la calidad del suministro. El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, informó que los elementos fueron citados ante Asuntos Internos para explicar su participación en el operativo.
La revisión de más de 200 videos permitió identificar a los agentes señalados, según la Secretaría de Seguridad. Las autoridades también recaban sus declaraciones y examinan las circunstancias en que se empleó la fuerza. De acuerdo con la información difundida el 15 de octubre, dos policías fueron separados de sus funciones por posibles abusos, mientras continúa la investigación sobre los otros elementos. Las sanciones, si se acredita responsabilidad, podrían ir desde una amonestación hasta la separación definitiva del cargo.
Hernández reconoció que durante el operativo hubo errores graves y señaló que la investigación busca determinar si algunos uniformados reaccionaron de manera desproporcionada o hicieron uso indebido de la fuerza. La apertura de expedientes no equivale a una resolución definitiva: las responsabilidades individuales deberán establecerse con base en las pruebas y los procedimientos correspondientes.
La protesta y las denuncias por el operativo
La marcha reunió a personas inconformes con el agua que llega a sus hogares, descrita por vecinos como turbia, maloliente y difícil de utilizar incluso para tareas domésticas. La crisis se ha prolongado durante meses y ha alimentado reclamos por la falta de respuestas y de información clara sobre la calidad del suministro. La manifestación se dirigió hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Durante el operativo, policías utilizaron gases lacrimógenos y dispositivos de agua a presión, según la cobertura periodística. Hubo enfrentamientos y detenciones, y manifestantes denunciaron golpes y malos tratos. Algunas personas liberadas relataron agresiones durante su traslado o permanencia bajo custodia; esas denuncias deben investigarse y corroborarse, sin que ello reste importancia a la obligación de esclarecerlas.
El gobernador Pablo Lemus reconoció públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, y afirmó que los errores debían investigarse y sancionarse. También informó que todas las personas detenidas durante la movilización habían recuperado la libertad. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación exhaustiva y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; además, planteó que se esclarezca quién dio las órdenes para el despliegue policial.
Agua potable y rendición de cuentas
La investigación policial ocurre mientras las autoridades enfrentan el problema del abastecimiento. Reportes periodísticos señalan que se aplican esquemas de distribución por turnos en 627 colonias, una medida que ha generado preocupación entre residentes afectados por la calidad y continuidad del servicio. La crisis se relaciona con la infraestructura, la operación del sistema y las condiciones de las fuentes de abastecimiento, por lo que requiere medidas técnicas y comunicación pública verificable.
Las autoridades deberán aclarar qué protocolos recibieron los agentes, cómo se decidió utilizar determinados medios de dispersión y qué controles existieron durante las detenciones. También tendrán que informar sobre los avances de los expedientes, las posibles sanciones y los mecanismos para que las personas afectadas presenten quejas o soliciten reparación del daño.
Organizaciones y colectivos han convocado otra movilización para el día 18 de octubre, con demandas de acceso a agua segura, transparencia sobre los procedimientos legales y sanciones si se comprueban abusos. La protesta prevista nos muestra que el conflicto no se limita a la actuación policial: también refleja el descontento por un servicio básico cuya calidad los habitantes exigen conocer y mejorar.
