La presa Endhó, en Hidalgo, acumula décadas de contaminación asociada con aguas residuales y descargas de origen urbano e industrial. El 26 de septiembre de 2024, el Gobierno federal declaró zona de restauración ecológica una superficie de 36 mil 637.93 hectáreas distribuidas en ocho municipios. La decisión reconoció oficialmente el deterioro ambiental y estableció obligaciones para recuperar el agua, el suelo, el aire y los ecosistemas de la región. Sin embargo, a dos años de la publicación del decreto, el programa formal destinado a organizar esa recuperación seguía sin publicarse, de acuerdo con un reportaje de EL PAÍS del 12 de octubre de 2026.
La revisión de documentos oficiales, reportajes y registros legislativos permite distinguir entre las acciones que sí se han realizado y los compromisos cuyo cumplimiento todavía no puede acreditarse de manera integral. El balance no es de inactividad absoluta: las autoridades reportan retiro de lirio acuático, fumigaciones, estudios y obras. El problema es que esas intervenciones no sustituyen el programa de restauración previsto en el decreto, que debe establecer metas, etapas, responsables, mecanismos de seguimiento y criterios para evaluar resultados.
Un decreto con obligaciones, pero sin el programa que debe organizarlas
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación no se limitó a declarar la zona como área de restauración. Encomendó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio de su Subsecretaría de Regulación Ambiental y en coordinación con otras dependencias, formular y ejecutar un programa específico. Entre sus componentes deben figurar metas de corto y largo plazo, tiempos de ejecución por fase, difusión periódica de avances, evaluación de la recuperación de los ecosistemas y coordinación con los gobiernos locales.
El plazo previsto para formular el programa era de un máximo de 180 días hábiles. El decreto también contempla un horizonte de hasta 12 años para desarrollar la restauración. Estos periodos no significan que toda la contaminación tuviera que desaparecer en dos años: recuperar una cuenca deteriorada durante décadas requiere intervenciones prolongadas. Lo exigible desde el inicio era contar con una hoja de ruta pública para saber qué se haría, cuándo, con qué recursos y mediante qué indicadores se comprobarían los avances.
En el reportaje publicado el 12 de octubre, EL PAÍS entrevistó a Claudia Hernández Fernández, directora general de Restauración Ambiental de Semarnat, quien reconoció que el documento formal aún no se había publicado y evitó fijar una fecha exacta durante la entrevista. El mismo medio señaló que la secretaria Alicia Bárcena había indicado en una comparecencia ante el Congreso que la publicación se esperaba para finales de noviembre. Esa previsión, de cumplirse, permitiría conocer por fin el marco integral para ordenar las intervenciones, aunque no resolvería automáticamente los problemas ambientales acumulados.
La dependencia ha explicado que el retraso está relacionado con el proceso de consulta indígena solicitado por comunidades y organizaciones locales. Semarnat y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informaron oficialmente que las asambleas para consultar el proyecto comenzaron en marzo de 2026 y continuaron durante los meses siguientes. Sin embargo, su realización no demuestra por sí misma que el programa esté concluido ni que las acciones estén alcanzando los resultados previstos.
La falta de publicación tiene consecuencias prácticas. Sin el documento final y sus indicadores, resulta difícil comparar lo anunciado con lo ejecutado, establecer qué institución responde por cada compromiso o evaluar el avance de la recuperación ecológica. En julio, La Jornada reportó que habitantes de comunidades ribereñas de Tepetitlán aseguraban no haber recibido el Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la presa. El periódico indicó que solicitó una copia a la Conagua, pero no se la proporcionaron. El señalamiento apunta a un problema de acceso a la información, además de la discusión sobre los resultados.
Es importante distinguir los instrumentos. El Plan Maestro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reúne acciones operativas de saneamiento y recuperación; el Programa de Restauración Ecológica corresponde a la obligación formal asignada a Semarnat. Están relacionados, pero no son intercambiables. La existencia de intervenciones operativas no elimina la necesidad de publicar el programa establecido en el decreto. Tampoco basta con anunciar un plan: para evaluar su ejecución se necesitan metas, responsables, plazos, indicadores y reportes que permitan contrastar compromisos y resultados.
Retiro de lirio, fumigaciones y recursos: qué resultados se pueden comprobar
Las cifras oficiales muestran que sí hubo trabajo operativo. En noviembre de 2025, Semarnat informó que se habían retirado más de 32 mil toneladas de lirio acuático y realizado ocho ciclos de nebulización en 29 localidades. La dependencia señaló que la cobertura de lirio pasó de 986 hectáreas en enero de 2025 a 548 hectáreas al 7 de octubre de ese año, con base en el monitoreo citado en su comunicado. Es un indicador concreto de reducción durante ese periodo, pero no permite concluir que el problema hubiera quedado resuelto.
En mayo de 2026, Conagua reportó una nueva etapa de intervención. En su balance publicado el día 26, la comisión indicó que había extraído 93 mil metros cúbicos de lirio y que la superficie cubierta por la planta se había reducido de unas 900 hectáreas a 443 hectáreas al 15 de mayo. También informó que las intervenciones sanitarias habían alcanzado 22 comunidades, 7 mil 31 viviendas y 21 mil 609 habitantes, y afirmó que la población adulta del mosquito Culex había disminuido 50 por ciento en las comunidades intervenidas.
Son resultados que deben reconocerse, pero su alcance necesita precisarse. El volumen retirado, la superficie cubierta por lirio y la reducción de mosquitos miden aspectos distintos del problema. Ninguno demuestra por sí solo que se hayan eliminado las fuentes de contaminación o recuperado la calidad del agua. Además, las cifras corresponden a fechas y cortes de monitoreo diferentes, por lo que no deben compararse como si fueran mediciones simultáneas. Para saber si existe una mejora sostenida, las autoridades necesitan publicar series comparables y explicar la metodología utilizada.
Un reportaje de EL PAÍS publicado en octubre documentó que la plaga de lirio había vuelto a extenderse y citó una estimación de alrededor de 860 hectáreas en septiembre de 2026. La cifra contrasta con las 443 hectáreas reportadas por Conagua en mayo. La diferencia no prueba automáticamente que las labores anteriores hayan fracasado: para establecerlo se necesitaría conocer la metodología, las fechas exactas y las condiciones de cada medición. Sí muestra que la recuperación del espejo de agua es un proceso dinámico y que las cifras puntuales deben acompañarse de monitoreo continuo.
La discusión de fondo es si el retiro y la trituración del lirio están acompañados por medidas capaces de impedir que vuelva a proliferar. El reportaje de EL PAÍS recogió el reconocimiento de una funcionaria de Conagua de que triturar la planta podría haber contribuido parcialmente a su expansión. Esa posibilidad requiere análisis técnico y no debe tratarse como una causa probada sin conocer las condiciones y evidencias. En todo caso, el resultado relevante no es solamente cuánto material se retira, sino si se extrae y dispone adecuadamente, si disminuyen las condiciones que favorecen su crecimiento y si la superficie afectada mantiene una tendencia descendente.
También existe información presupuestaria, aunque no equivale a una auditoría del gasto total. Según EL PAÍS, Semarnat reportó 61 millones de pesos destinados a restauración forestal, 29 millones a restauración ecohidrológica y 13 millones en otras inversiones y conmutación de multas dentro del área de influencia. Por separado, una funcionaria de Conagua habló de 600 millones de pesos para obras relacionadas con el río Tula y la presa Endhó. Estas cantidades corresponden a rubros y alcances diferentes: no deben sumarse como si fueran una sola bolsa exclusiva para restaurar la presa ni presentarse como gasto efectivamente ejercido sin documentación que lo confirme.
Para evaluar el uso de recursos se necesita conocer cuánto se autorizó, cuánto se comprometió, cuánto se pagó y qué resultados se obtuvieron con cada partida. También hace falta distinguir las obras directamente vinculadas con la presa de aquellas que corresponden a una región más amplia, como el río Tula. La transparencia presupuestaria permitiría identificar duplicidades, detectar retrasos y conocer si el dinero destinado a restauración se corresponde con metas ambientales verificables.
La evidencia académica añade otras señales de alerta. En junio de 2026, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo difundió advertencias de un investigador que monitorea el cuerpo de agua: señaló concentraciones elevadas de residuos plásticos y condiciones de oxigenación prácticamente nulas, con posibles riesgos para los suelos agrícolas de la región. En mayo, otra investigadora de la misma universidad advirtió sobre posibles riesgos sanitarios asociados con las fumigaciones químicas y pidió priorizar el saneamiento hídrico de fondo. Son señalamientos que deben evaluarse con los estudios, sus métodos y sus periodos de observación; no sustituyen una evaluación oficial integral, pero refuerzan la necesidad de no equiparar el control de mosquitos con la restauración del ecosistema.
La contaminación también tiene una dimensión de derechos humanos. En junio de 2024, antes del decreto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 159/2024 por violaciones relacionadas con el medio ambiente sano y el saneamiento del agua, ante descargas de aguas residuales no controladas. En julio de 2026, una proposición legislativa presentada en el Senado pidió publicar el programa de restauración, informar sobre el seguimiento de esa recomendación, reforzar la vigilancia de descargas y garantizar agua potable segura para comunidades cuyos pozos presentaron problemas de calidad. La proposición quedó pendiente en comisión: constituye evidencia de que las obligaciones siguen bajo cuestionamiento institucional, no una resolución definitiva sobre su incumplimiento.
La dimensión sanitaria exige precisión. Las preocupaciones vecinales por los mosquitos, los olores y la contaminación deben atenderse, pero las afirmaciones sobre enfermedades específicas necesitan datos epidemiológicos y estudios que permitan analizar posibles asociaciones. La existencia de contaminación ambiental no basta, por sí sola, para atribuir una enfermedad individual a una fuente concreta. Las autoridades de salud y medio ambiente deben publicar información que permita evaluar riesgos, orientar medidas preventivas y evitar tanto la desinformación como la minimización de los reclamos comunitarios.
El balance, por tanto, es más preciso que afirmar que no se ha hecho nada. El Gobierno ha informado acciones de saneamiento, retiro de lirio y control sanitario, pero el programa de restauración seguía sin publicarse al cierre de la evidencia revisada. Tampoco se identificó en las fuentes consultadas una evaluación pública integral que vincule los recursos anunciados con metas verificables de reducción de contaminantes, mejora de la calidad del agua y recuperación ecológica.
La prueba decisiva será la publicación del programa con calendario, responsables, presupuesto identificable e indicadores comparables; la divulgación de resultados de calidad del agua, suelo y aire; y la demostración de que las descargas contaminantes se están controlando. Hasta entonces, las intervenciones reportadas son avances operativos, pero no bastan para acreditar el cumplimiento integral del decreto de restauración de la presa Endhó.
