El Gobierno federal informó que detectó posibles sobrecostos de entre 50 y 60 por ciento por pieza en contratos de distribución de medicamentos, además de esquemas en los que empresas privadas operaban farmacias dentro de hospitales públicos. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, presentó los señalamientos el 20 de octubre y explicó que las autoridades modificaron contratos para reducir costos y trasladar más medicamentos a las unidades médicas.
Uno de los casos revisados corresponde al Estado de México, donde una empresa obtuvo contratos por alrededor de mil 700 millones de pesos entre 2022 y 2023 para distribuir medicamentos y operar farmacias hospitalarias. Clark no reveló el nombre de la compañía porque, según explicó, el asunto está bajo investigación. El monto contratado no equivale por sí mismo a un daño patrimonial acreditado ni demuestra que toda la cantidad se haya pagado irregularmente.
La revisión plantea preguntas sobre cómo se fijaron los precios, qué servicios incluían los contratos y qué mecanismos de supervisión se aplicaron. Para establecer responsabilidades será necesario revisar documentos, cantidades entregadas, pagos y comparaciones de costos, además de los resultados de las auditorías que correspondan.
Contratos, precios y alcance de los señalamientos
Clark señaló que, tras nuevas licitaciones y subastas, el costo anual de uno de los esquemas se redujo 32 por ciento y el volumen distribuido aumentó entre 30 y 40 por ciento mensual. Con ambos datos, el funcionario estimó que el costo por pieza del modelo anterior pudo ser entre 50 y 60 por ciento más alto. Se trata de una estimación oficial que debe evaluarse con los precios unitarios, el alcance del servicio y las condiciones de cada contrato.
La modalidad anterior no se limitaba al transporte de medicamentos: también incluía la operación de farmacias dentro de hospitales públicos por parte de una empresa privada. El Gobierno busca sustituir gradualmente algunos de estos esquemas para que la distribución se realice mediante la red pública. La transición, sin embargo, requiere capacidad de almacenamiento, rutas confiables y personal suficiente para evitar retrasos o faltantes en clínicas y hospitales.
Clark afirmó que los contratos pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. El acceso a los expedientes permite identificar proveedores, montos, obligaciones y condiciones de adjudicación, pero no reemplaza una revisión independiente sobre la razonabilidad de los precios ni sobre el cumplimiento de los servicios contratados.
Ahorros anunciados y rendición de cuentas
La estrategia federal de compras contempla adquirir directamente a los fabricantes cuando sea posible y utilizar subastas inversas para promover ofertas competitivas. Para 2027 y 2028, la Secretaría de Salud reportó compras planeadas de alrededor de seis mil millones de piezas de medicamentos e insumos. Clark estimó que, con los costos anteriores, las adquisiciones habrían requerido unos 45 mil millones de pesos adicionales para 2025 y 2026, y otros 35 mil millones para el periodo siguiente. Son ahorros potenciales calculados por el Gobierno, no necesariamente recursos ya recuperados o auditados.
La dependencia habilitó una plataforma para consultar productos adquiridos, cantidades, proveedores, precios y destinos. Para que esa herramienta permita evaluar resultados, la información debe mantenerse actualizada y facilitar la comparación entre contratos anteriores y nuevos, así como el seguimiento de las entregas a las unidades médicas.
Las autoridades deberán precisar qué contratos siguen bajo revisión, qué órganos fiscalizadores participan y si se han iniciado procedimientos administrativos o denuncias. También tendrán que explicar cómo se garantizará la continuidad del suministro mientras cambian los proveedores y los modelos de distribución.
Los señalamientos oficiales apuntan a un posible uso ineficiente de recursos destinados a la salud, pero no equivalen a una determinación definitiva de culpabilidad. La rendición de cuentas exige publicar evidencia verificable sobre los precios, los servicios prestados y los ahorros obtenidos. Hasta que concluyan las investigaciones, los sobrecostos deben tratarse como estimaciones gubernamentales sujetas a comprobación, no como un daño patrimonial ya acreditado.
