El Gobierno federal destinará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos a infraestructura hídrica en Jalisco, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de octubre. Los recursos se dirigirán al acueducto sustituto de Chapala y a obras relacionadas con El Zapotillo, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus. La inversión busca atender las necesidades de abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, donde la disponibilidad y la calidad del agua mantienen presión sobre las autoridades.
Sheinbaum explicó que la Comisión Nacional del Agua, encabezada por Efraín Morales, presentó la estimación y que la Federación revisará cómo reunir los recursos sin generar endeudamiento. La mandataria señaló que el financiamiento se definirá en coordinación con el gobierno estatal. El anuncio, sin embargo, aún requiere precisar las partidas presupuestarias, los calendarios y los mecanismos para ejecutar las obras.
Lemus afirmó que Jalisco también invertirá en infraestructura complementaria para mejorar el servicio a corto plazo. La coordinación entre ambos gobiernos busca atender tanto el suministro como la conducción y el saneamiento. El alcance del compromiso deberá evaluarse a partir de los proyectos ejecutivos y de los recursos que finalmente se asignen.
Acueductos, potabilización y saneamiento
Entre las obras federales figuran el acueducto sustituto de Chapala y las intervenciones vinculadas con El Zapotillo. Para medir su impacto será necesario conocer la capacidad adicional que aportarán, los plazos de construcción y las condiciones de operación una vez que entren en servicio.
El Gobierno de Jalisco anunció la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número uno, con una inversión estimada de 7 mil 500 millones de pesos. Lemus también mencionó un bypass para conducir agua desde La Calera hasta esa instalación. El beneficio dependerá de la disponibilidad de agua, la eficiencia de la planta y su conexión con la red de distribución.
El plan estatal contempla nuevos colectores para reducir descargas ilegales al canal de Las Pintas y a la presa del mismo nombre. Estas obras atienden un problema distinto al volumen disponible: la contaminación de cuerpos receptores y la necesidad de mejorar el saneamiento. El seguimiento deberá distinguir entre el agua adicional que llegue a los hogares y los avances en calidad y control de vertidos.
El anuncio ocurre después de protestas de habitantes de Guadalajara que exigieron agua limpia. La demanda muestra que la crisis no se limita a ampliar el suministro; también exige vigilar la calidad del servicio y asegurar que las obras respondan a las necesidades de las comunidades.
El financiamiento y la ejecución, pendientes clave
Sheinbaum dijo que la Federación revisaría cómo disponer de los recursos para evitar endeudamiento y apoyar a los habitantes de la zona metropolitana. Lemus sostuvo que Jalisco aportará recursos para obras complementarias sin privatizar el servicio ni contratar deuda para ese propósito. Aún deben precisarse la distribución de los costos, las fuentes presupuestarias y los compromisos de cada administración.
Las cantidades anunciadas son estimaciones de inversión, no dinero ya ejercido. Para evaluar los avances será necesario conocer los proyectos ejecutivos, las licitaciones, los calendarios de construcción y los mecanismos de supervisión. También deberán publicarse metas verificables, como la capacidad de conducción, el volumen de agua tratada y la reducción de descargas contaminantes.
La infraestructura puede mejorar el abastecimiento, pero no garantiza por sí sola una solución permanente. El resultado dependerá del mantenimiento de las redes, la reducción de fugas, la operación de las plantas y la gestión de las fuentes de agua. Para los habitantes, el indicador decisivo será la continuidad y calidad del servicio, no únicamente el monto anunciado.
El siguiente paso será conocer la revisión presupuestaria federal y la programación de las obras estatales. Hasta que se publiquen esos detalles, el compromiso debe entenderse como un plan pendiente de instrumentación. La evaluación pública tendrá que comprobar si los recursos se convierten en infraestructura funcional y mejoras sostenidas en el suministro y saneamiento de Jalisco.
