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A primera vista, podría parecer que no existe semejanza entre las desapariciones forzadas y el caso de Carlota. Se trata de dos problemáticas con impactos distintos para las víctimas; no obstante, en ambos escenarios la impunidad se erige como el factor común que las convierte en graves problemas a nivel nacional.
El caso Carlota derivó en una tragedia que nunca debió ocurrir, esta adulta mayor transitó de víctima a victimaria como consecuencia directa de la impunidad imperante.
Las victimas de desaparición son una tragedia que nunca ha debido ocurrir y que tiene que erradicarse. También son consecuencia de la impunidad.
Las víctimas de delitos patrimoniales sufren la pérdida de su patrimonio. Además, tienen que incurrir en gastos onerosos para contratar representación legal, gastos importantes que frecuentemente no llevan a recuperar el patrimonio debido a la coalición de autoridades con los delincuentes.
Las familias de personas desaparecidas viven un proceso interminable de duelo que nunca se cierra. Su patrimonio también se ve afectado pues dejan sus trabajos para dedicar su vida y recursos a la búsqueda de sus seres queridos.
En ambos casos estos delitos generan miedo, estrés y ansiedad por la alteración de la normalidad y la tranquilidad de las víctimas. Dada la desconfianza generalizada hacia las autoridades, las víctimas transitan este difícil periodo sin apoyo institucional adecuado. No obtienen justicia ni logran recuperar o reponer su patrimonio ni obtienen justicia para sus seres queridos. Esto alimenta sentimientos de ira y frustración.
Mientras algunas personas consiguen canalizar estas emociones otras, como Carlota, recurren a la violencia como medio para intentar resolver el conflicto.
Lamentablemente, la violencia se ha normalizado en el país a tal punto que se ha convertido en un mecanismo para «resolver» conflictos. Ejemplos de ello son personas que ante la inminencia de un asalto, optan por acciones extremas o comunidades que se ven orilladas a ejercer justicia por mano propia mediante linchamientos.
La aplicación de justicia por mano propia es también un elemento común entre las desapariciones forzadas y el caso de Carlota.
Los familiares de personas desaparecidas se han visto obligados a asumir las labores de búsqueda ante la inacción estatal. Son ellos, y no las autoridades, quienes día a día localizan a las víctimas y proporcionan cierre al duelo de las familias. En este desolador escenario, el número de personas detenidas, procesadas o sentenciadas como responsables de desapariciones es mínimo, si no nulo.
Esta crisis de impunidad es más grave y peligrosa ante el debilitamiento del Poder Judicial, sumado a la crisis de un sistema penitenciario corrupto y abandonado, donde el cliché de las «universidades del crimen» parece hoy más vigente que nunca.
Pero el epicentro de la impunidad reside en el Ministerio Público. Desde la Política Criminal, es en la fase de procuración de justicia donde la intervención gubernamental es crucial, pero prolifera la corrupción y opera el fenómeno de las «puertas giratorias», permitiendo que los delincuentes reincidan rápidamente tras ser liberados gracias a la corrupción.
Las desapariciones forzadas y el despojo patrimonial encuentran su raíz común en la crisis de impunidad y corrupción que permea el sistema de justicia y seguridad. La erosión de la confianza ciudadana en las instituciones obliga a tomar medidas desesperadas, ya sea mediante la violencia como Carlota o asumiendo funciones que corresponden al Estado como los familiares buscadores de personas desaparecidas.
Abordar de manera decidida la impunidad y corrupción es un paso impostergable para comenzar a revertir estas dolorosas realidades y detener las tragedias.
