El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) aplicar la legislación con los mismos criterios para todas las fuerzas políticas, ante lo que calificó como promoción anticipada de aspirantes de Morena a las gubernaturas. El dirigente acusó al organismo de sancionar a integrantes de la oposición mientras, según su señalamiento, permite que figuras del partido gobernante difundan sus aspiraciones antes de los plazos establecidos.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno pidió al árbitro electoral actuar con firmeza y garantizar equidad. También cuestionó la respuesta institucional frente a denuncias sobre una presunta intervención del crimen organizado en los procesos políticos, al considerar insuficiente la actuación de las autoridades.
Las declaraciones se producen ante las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, varias gubernaturas y numerosos cargos locales. La proximidad de los comicios ha reabierto el debate sobre la promoción política, la selección interna de candidaturas y los límites legales para evitar ventajas indebidas.
Promoción de aspirantes y aplicación de las reglas electorales
La legislación electoral establece disposiciones para regular la selección de candidaturas, las precampañas y las campañas. Las autoridades deben analizar cada conducta según sus circunstancias, el contenido de los mensajes, su difusión, el contexto y las pruebas disponibles para determinar si se buscó obtener apoyo electoral fuera de los periodos permitidos.
La aparición pública de una persona interesada en competir por una gubernatura no constituye automáticamente una infracción. Para establecer si existen actos anticipados de campaña, deben examinarse los elementos previstos en la ley. Del mismo modo, una denuncia partidista no demuestra por sí sola que se haya cometido una irregularidad ni que la autoridad haya actuado con parcialidad.
Moreno sostuvo que Morena promueve a posibles candidatos estatales y cuestionó que el INE limite o sancione actividades de la oposición. Sin embargo, el mensaje no presenta una relación completa de expedientes, resoluciones o sanciones que permita contrastar el tratamiento otorgado a representantes de distintos partidos. Sin esa comparación, no es posible concluir que las decisiones respondan a criterios diferentes.
Para evaluar el señalamiento, resulta necesario revisar los procedimientos iniciados, las medidas cautelares solicitadas y las determinaciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa revisión permitiría identificar las conductas examinadas, las pruebas disponibles y los fundamentos jurídicos de cada decisión, además de distinguir entre casos que parecen similares en el debate público, pero pueden diferir en sus circunstancias.
El INE ante las elecciones de 2027
La discusión sobre la equidad electoral adquiere relevancia conforme avanzan los preparativos para los comicios. El INE tiene atribuciones para organizar las elecciones federales y atender los asuntos de su competencia, mientras que los organismos públicos locales participan en los procesos de sus entidades. Las controversias pueden llegar a los tribunales electorales por las vías previstas en la legislación.
El desafío institucional consiste en emitir resoluciones fundamentadas y aplicar criterios consistentes, sin distinciones por afiliación partidista. La transparencia permite conocer las razones de las determinaciones y evaluar la actuación de las autoridades. Para ello, es importante que las decisiones expliquen los elementos que llevaron a conceder o rechazar una medida.
La exigencia de Moreno también plantea la necesidad de que el PRI sustente sus acusaciones con casos concretos. Las fechas de las conductas denunciadas, las pruebas aportadas y las resoluciones son indispensables para establecer si hubo diferencias injustificadas. Una comparación verificable debe considerar expedientes equivalentes y no únicamente declaraciones públicas o percepciones de los actores políticos.
Por ahora, la declaración del dirigente constituye un cuestionamiento político sobre la imparcialidad del árbitro electoral. La existencia de un trato desigual deberá determinarse mediante la revisión de hechos documentados y decisiones institucionales. El seguimiento de los expedientes y la publicación de resoluciones permitirán conocer cómo se aplican las reglas conforme se acerque la jornada electoral.
