La venta de medicamentos caducos, robados o falsificados en tianguis y mercados sobre ruedas representa un riesgo sanitario, de acuerdo con una investigación sobre la comercialización de fármacos en la Ciudad de México y el Estado de México. En esos espacios se ofrecen productos a precios inferiores a los de farmacias establecidas, sin garantías sobre su procedencia, conservación o eficacia.
La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estima que el mercado ilegal de medicamentos alcanza 38 mil 500 millones de pesos al año. La cifra corresponde a una estimación empresarial, no a un cálculo oficial del Gobierno federal.
En mercados de Iztapalapa y Nezahualcóyotl se documentaron medicamentos expuestos al polvo, la humedad y el sol, además de cajas deterioradas y frascos abiertos. Entre los artículos ofrecidos había fármacos para tratar diabetes, hipertensión, ansiedad y epilepsia, así como agujas, jeringas, vendas y material quirúrgico.
El riesgo es que los compradores no pueden confirmar si los medicamentos conservan sus propiedades, fueron almacenados adecuadamente o corresponden a lo indicado en el envase.
Un mercado que evade los controles sanitarios
La Ley General de Salud establece requisitos para la comercialización de medicamentos y el funcionamiento de los establecimientos que los venden. Los productos farmacéuticos necesitan condiciones adecuadas de almacenamiento y manejo para preservar su calidad, mientras que los negocios autorizados deben cumplir obligaciones sanitarias.
Algunos comerciantes ofrecen productos con descuentos de hasta 80 por ciento respecto del mercado formal. El precio bajo puede atraer a personas que buscan ahorrar en sus tratamientos, pero no garantiza que el fármaco sea auténtico, esté vigente o haya sido conservado correctamente.
La Unefarm ha advertido que algunos productos podrían proceder de medicamentos sustraídos del sector público, de fármacos desechados por consumidores o de redes que recolectan envases y cajas. El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, reconoció que existe robo de medicamentos, aunque rechazó atribuir esas prácticas de manera general al personal sanitario. Cada caso requiere pruebas antes de asignar responsabilidades.
La organización también alertó sobre anuncios digitales que promocionan medicamentos mediante videos o identidades que suplantan a profesionales de la salud. Estos canales pueden exponer a compradores que desconocen quién vende el producto y bajo qué condiciones fue almacenado o distribuido.
La venta informal no significa que todos los artículos sean falsificados o caducos. Sin embargo, la ausencia de controles verificables limita las garantías de calidad y seguridad. Rastrear los productos y supervisar su distribución resulta fundamental para identificar irregularidades.
Autoridades buscan frenar la distribución irregular
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) vigila las disposiciones sanitarias aplicables a medicamentos y establecimientos. La Unefarm informó que trabaja con la comisión y la Policía Cibernética para identificar redes y solicitar la baja de páginas que presuntamente venden productos robados, falsificados o adulterados.
La efectividad de esas acciones dependerá de que las investigaciones identifiquen proveedores, rastreen productos y permitan aplicar sanciones. Los datos sobre operativos, decomisos y procedimientos permitirían dimensionar el problema y evaluar la vigilancia.
Los consumidores pueden reducir riesgos al evitar compras en tianguis, redes sociales o establecimientos sin autorización sanitaria. También conviene desconfiar de empaques alterados, fechas de caducidad ilegibles y precios inusualmente bajos. Los medicamentos caducos o que ya no se utilizan deben entregarse en contenedores autorizados del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM), disponibles en establecimientos participantes, para evitar que puedan recuperarse y revenderse.
El reto para las autoridades es impedir que productos sin garantías regresen al mercado y reforzar la trazabilidad desde la distribución hasta su disposición final. La estimación de la Unefarm dimensiona la preocupación del sector, pero los avances deberán medirse mediante resultados verificables: decomisos, sanciones, prevención y mayor protección para quienes necesitan tratamientos seguros.
