La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones posiblemente vinculadas con empresas factureras. De acuerdo con reportes periodísticos que retomaron una investigación de Grupo REFORMA, 70 cuentas bancarias relacionadas con las indagatorias permanecen bloqueadas. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de todos sus titulares ni el desenlace de los procedimientos.
La investigación busca determinar si las compañías compitieron de manera independiente por contratos públicos o si existían vínculos corporativos y financieros que les permitían presentar propuestas aparentemente distintas. También se revisan transferencias entre sociedades relacionadas y movimientos que podrían no corresponder con la actividad económica declarada. Los señalamientos aún deben probarse: una investigación abierta no equivale a una resolución sobre la responsabilidad de las empresas o las personas involucradas.
Contratos y vínculos empresariales bajo revisión
Los reportes identifican a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Las compañías estarían vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y han participado en el suministro de materiales electorales para instituciones nacionales y estatales.
La revisión abarcaría operaciones desde 2012. Como antecedente, entre 2023 y 2024 se bloquearon más de 400 cuentas bancarias de 13 personas físicas y siete empresas. Sin embargo, la información difundida no aclara si las 70 cuentas actualmente bloqueadas pertenecen al mismo grupo o corresponden a actuaciones posteriores; tampoco permite asumir que todas las cuentas de los bloqueos previos sigan restringidas.
Uno de los contratos mencionados es el de Corporativo Zeg, que obtuvo una adjudicación cercana a 200 millones de pesos para suministrar urnas, mamparas y marcadores destinados a la elección judicial de 2025. Los reportes también señalan relaciones entre proveedores y personas que después ocuparon cargos administrativos en organismos electorales.
Entre ellas figura Jesús Octavio García González, quien habría representado a Corporativo Zeg y Cajas Graf en procedimientos de contratación antes de ser nombrado director de Administración del INE en septiembre de 2025. Dejó el puesto en abril de 2026. En enero de ese año se presentó ante el Órgano Interno de Control del instituto una denuncia por presunto conflicto de interés y abuso de funciones. La existencia de una denuncia o de vínculos profesionales no demuestra por sí sola que una contratación fuera irregular; para establecerlo deben revisarse las ofertas, los expedientes y las decisiones de adjudicación.
El rastreo financiero y las responsabilidades pendientes
La UIF también examina operaciones relacionadas con empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que presuntamente recibieron recursos de alguna de las compañías investigadas. Esta línea busca identificar el origen y destino de los fondos y determinar si existen conexiones relevantes para el caso.
La triangulación de recursos consiste en transferir dinero entre distintas personas o sociedades. Esas operaciones pueden tener explicaciones legítimas, pero adquieren relevancia investigativa cuando hay indicios de que se utilizaron para ocultar el origen, el destino o al beneficiario real del dinero. La presunta simulación de competencia, por su parte, exige establecer si empresas que aparentaban competir coordinaron sus propuestas para influir en una licitación.
Para acreditar las conductas, las autoridades necesitan vincular los movimientos financieros con contratos y decisiones específicas, además de reunir evidencia fiscal y corporativa. El bloqueo de cuentas es una medida preventiva y no equivale a una sentencia condenatoria.
El caso también pone bajo escrutinio los controles de las instituciones electorales para revisar a sus proveedores y detectar posibles conflictos de interés. Los siguientes datos relevantes serán las resoluciones sobre las cuentas, los contratos incluidos formalmente en las investigaciones y cualquier determinación administrativa o penal. Hasta que se conozcan esos resultados, las empresas permanecen bajo investigación y las presuntas irregularidades no pueden presentarse como delitos probados.
