El Gobierno federal detectó inconsistencias en operaciones declaradas por 8 mil 824 millones de litros de combustibles durante 2025, con un valor estimado de 61 mil 700 millones de pesos. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó el hallazgo como resultado de un cruce de información entre 16 instituciones que compararon registros de compra, venta, importación y distribución para localizar diferencias entre los volúmenes reportados y los registrados por las autoridades.
La cifra no significa que el Gobierno haya recuperado ese dinero ni que exista un daño fiscal acreditado por esa cantidad. Es el valor atribuido a las operaciones inconsistentes; determinar los impuestos omitidos y las responsabilidades exige revisar cada caso y sustentar las conclusiones ante las instancias competentes. La eficacia de la estrategia dependerá, por tanto, no solo del monto detectado, sino de cuánto pueda cobrarse y qué conductas logren acreditarse.
Según el balance oficial, 72 por ciento de las inconsistencias se concentró en la comercialización de combustibles y 13 por ciento en estaciones de servicio. Los hallazgos no se limitan al robo físico de hidrocarburos: también abarcan operaciones comerciales e importaciones cuyos registros podrían no coincidir con los volúmenes declarados.
Las irregularidades llegan a aduanas y gasolineras
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, informó que las autoridades aduaneras rectificaron declaraciones relacionadas con mil 952 millones de litros que, según la revisión oficial, pretendían ingresar ilegalmente al país. Ese volumen fue valuado en 13 mil 664 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El Gobierno reportó 500 multas por declaraciones aduaneras erróneas, tardías o inexactas y procedimientos contra ocho agentes aduanales. La Comisión Nacional de Energía canceló 264 permisos de expendio y comercialización, mientras otros 307 seguían sujetos a procesos de sanción o revocación. El Servicio de Administración Tributaria impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras por incumplimientos en sus controles volumétricos.
También fueron dadas de baja 180 empresas del padrón de importadores por contrabando y se identificaron 175 compañías señaladas como presuntas factureras. Estas medidas y señalamientos no equivalen a condenas penales contra todas las empresas involucradas.
En materia penal, el SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; la Procuraduría Fiscal de la Federación reportó 127 casos por presunta defraudación fiscal, y la Comisión Nacional de Energía informó de 50 casos relacionados con diferencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio. Pemex, por separado, reportó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible. Las cifras corresponden a conductas distintas y no deben sumarse como si fueran una sola investigación.
El resultado dependerá de lo que pueda comprobarse
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las medidas de control permitieron recuperar 48 mil 411 millones de pesos por IEPS entre enero y septiembre de 2026. Esa cantidad corresponde a un periodo distinto del ejercicio revisado y debe distinguirse del valor estimado de las inconsistencias de 2025. Para evaluar el resultado, será necesario conocer cómo se calculó la recuperación y qué parte provino de pagos regularizados.
El cruce de bases de datos ayuda a detectar diferencias que podrían pasar inadvertidas en revisiones aisladas. Sin embargo, una alerta no demuestra por sí sola un delito: cada expediente debe establecer qué operación ocurrió, qué obligación fiscal se incumplió y quién fue responsable.
Queda por conocer cuántas denuncias avanzaron ante la Fiscalía y los tribunales, qué montos fueron efectivamente cobrados y cuántos procedimientos concluyeron con sanciones definitivas. También deberá comprobarse si los controles reducen las operaciones irregulares de manera sostenida o si estas se trasladan a otros intermediarios.
Por ahora, los 61 mil 700 millones de pesos representan el valor estimado de las inconsistencias detectadas, no una recuperación consumada. La eficacia de la estrategia se medirá con resultados verificables: impuestos determinados y cobrados, sanciones firmes y responsabilidades acreditadas
