Por Jorge Molina Larrondo
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A pesar de que México es parte de más de 70 organismos internacionales y de más de 30 tratados internacionales sobre aspectos ambientales, laborales y sobre derechos humanos; de que cuenta con 14 tratados de libre comercio con 50 países y otros nueve de alcance parcial con países de América del Sur; y de que más del 88% de su producto interno bruto depende de su comercio exterior, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, ninguno de los candidatos a la presidencia trataron con seriedad alguno de los retos que enfrentará México en el próximo sexenio en materia de política exterior o de comercio internacional durante el último debate.
Recordarán que, durante el segundo debate de la anterior campaña presidencial que estaba dedicado a política y comercio exterior, López Obrador se dedicó a molestar a Ricardo Anaya y así evitó todas las preguntas que se le plantearon. Ese desdén hacia los temas internacionales se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en los que se establecen como directrices los principios que rigieron la política exterior mexicana durante los años 70s, pero sobre todo en el día a día, al haberse negado el presidente a asistir a todas las reuniones de alto nivel a las que fue invitado y cerrando las 46 oficinas de promoción que tenía Proméxico alrededor el mundo y las oficinas de representación internacional de la Secretaría de Economía, incluyendo la de Washington. El resultado de esta estrategia ha sido la pérdida de la mayoría de los espacios que México había ganado a nivel internacional y de su influencia en foros como los de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ninguno de los candidatos hizo alguna reflexión sobre la necesidad de replantear nuestra relación con Estados Unidos, que sigue siendo la principal fuente de inversiones extranjeras y nuestro socio comercial número uno, sobre todo cuando la actitud de Washington hacia el mundo ha cambiado en los últimos ocho años. Hoy en día, republicanos y demócratas comparten una actitud en contra del libre comercio – conocido como el “nuevo consenso de Washington” – argumentando que las políticas de liberalización de la economía de los 90s no beneficiaron a las pequeñas y medianas empresas ni a los negocios propiedad de las mujeres o de personas que pertenecen a las minorías.
La principal diferencia entre una victoria de Donald Trump o de Joe Biden será el grado de proteccionismo de sus políticas. Trump ya ha dicho que de ganar en noviembre, aumentará los aranceles a todos los productos que importa Estados Unidos al menos en un 10%, sin importar que esto genere presiones inflacionarias, sobre todo por el efecto que tendrían los aranceles aplicados a los productos intermedios, y que hoy en día se importan en su mayoría duty-free. Además, ha prometido aumentar los aranceles a las importaciones de productos chinos al menos en un 50%, lo que refleja el fracaso de la negociación del llamado Acuerdo de Primera Fase, luego de que China no aumentó sus compras de productos estadounidenses en los niveles pactados.
Biden no ha sabido generar una política exterior propia y continúa aplicando las medidas comerciales implementadas por Trump: los nuevos aranceles a los autos eléctricos chinos del 100% entrarán en vigor el primero de agosto y sigue atrayendo nuevos proyectos a través de los subsidios que otorga la Ley para la Reducción de la Inflación y la Ley para la Generación de Incentivos para la Producción de Semiconductores. Además, ha contribuido a mermar la legitimidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (TMEC), al supeditar tanto la solución de disputas entre los tres países, como la instrumentación de las decisiones de los páneles, a cuestiones políticas. En el caso de México, la migración ha sido el fiel de la balanza, aunque en el caso de Canadá no existe un tema de importancia similar, debido a la buena relación con el régimen del primer ministro Trudeau.
El actual entorno internacional también requiere que México decida si continuará siendo un socio de Estados Unidos o de China. Cada vez será más difícil hacer negocios con ambas potencias y de esta decisión dependerá el arribo de nuevas inversiones a territorio mexicano. El concepto del friendshoring, desarrollado por el gobierno de Biden, conlleva la prohibición de invertir en China y en sectores tecnológicos que puedan generar ventajas para las economías que no son de mercado que Estados Unidos considera como amenazas. La continuación de la actual política no es la solución.
