El Instituto Nacional Electoral (INE) modificó las reglas para revisar posibles riesgos de infiltración criminal en las candidaturas que competirán en 2027. El Consejo General aprobó el jueves 8 de octubre cambios a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, incorporó la participación de representantes partidistas y consejerías del Poder Legislativo, y avaló el programa anual de trabajo y el calendario para el próximo proceso electoral.
La decisión llega mientras el Gobierno federal prepara medidas para prevenir la intervención del crimen organizado en las elecciones. Un día antes, la comisión encargada de estas revisiones había aprobado su planificación para 2026-2027. Ahora, el Instituto ajustó sus lineamientos para cumplir una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral y definir cómo participarán los actores políticos en el mecanismo.
Los partidos entran a la revisión
Las representaciones partidistas y las consejerías legislativas podrán intervenir en las sesiones de la comisión con voz, pero sin voto. El cambio responde a una sentencia del Tribunal Electoral que ordenó modificar las reglas de participación. También establece compromisos de confidencialidad para proteger la información y evitar que se identifique públicamente a las personas sujetas a evaluación.
El procedimiento permitirá que los partidos políticos y quienes aspiren a una candidatura independiente soliciten voluntariamente la revisión de sus perfiles, siempre con consentimiento previo, libre e informado. Las autoridades competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera serán las encargadas de evaluar la información y determinar si existe un riesgo razonable.
El INE no realizará por sí mismo investigaciones penales ni decidirá si una persona cometió un delito. Su función será facilitar la coordinación institucional y el intercambio de información conforme a los lineamientos. La determinación sobre los riesgos corresponderá a las autoridades competentes, mientras los resultados tendrán carácter técnico e informativo.
La distinción es central para el funcionamiento del mecanismo. Una alerta no equivale a una sentencia y tampoco puede convertirse automáticamente en una razón para impedir que alguien compita. Los lineamientos establecen que la revisión no modifica la elegibilidad de las candidaturas ni sustituye los procedimientos legales para determinar responsabilidades.
La prevención frente a los derechos políticos
El programa de trabajo aprobado por el INE organiza las etapas, los responsables, los plazos y los mecanismos de seguimiento. La revisión podrá abarcar aproximadamente 21 mil 61 cargos federales y locales, incluidas las suplencias, siempre que las personas involucradas otorguen su consentimiento y se cumplan las condiciones previstas.
El mecanismo busca anticipar posibles riesgos antes del registro formal de las candidaturas. Para ello, el Instituto podrá coordinarse con instancias como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cada una dentro de sus atribuciones.
La confidencialidad será uno de los principales retos. La información sobre posibles vínculos delictivos puede tener consecuencias políticas y personales, por lo que los participantes deberán proteger los datos y evitar que los resultados se utilicen para difundir acusaciones sin sustento. La presunción de inocencia y los derechos político-electorales deben mantenerse durante todo el procedimiento.
La discusión ocurre mientras Omar García Harfuch informó que las autoridades federales y el INE revisan focos de riesgo registrados en elecciones anteriores. El secretario de Seguridad señaló que las medidas preventivas se anunciarán posteriormente, sin presentar todavía un mapa público de zonas prioritarias ni un protocolo operativo completo.
La revisión de candidaturas y la estrategia de seguridad son acciones relacionadas, pero distintas: una busca detectar riesgos asociados con los perfiles que pretenden competir; la otra pretende prevenir amenazas e interferencias durante los comicios.
El siguiente desafío será aplicar las nuevas reglas sin convertir la prevención en una presunción de culpabilidad. La eficacia del mecanismo dependerá de la calidad de la información, la coordinación entre instituciones y el respeto a las garantías de quienes buscan participar en las elecciones de 2027.
