Siete de cada diez jóvenes que concluyen Jóvenes Construyendo el Futuro encuentran una actividad productiva, sostiene el Gobierno federal. La cifra se ha convertido en uno de los principales argumentos para defender el programa, que desde 2019 ha atendido a millones de personas. Sin embargo, hay una diferencia entre encontrar una ocupación, conseguir un empleo formal y conservarlo después de terminar la capacitación. Esa distinción cambia la manera de interpretar los resultados de una política pública que ha recibido una inversión acumulada superior a 177 mil millones de pesos.
La pregunta no es menor: ¿cuántos egresados logran incorporarse al empleo formal y qué evidencia permite comprobarlo? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) comunica resultados favorables, mientras que una investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila estima una inserción laboral menor. Las cifras no miden exactamente lo mismo y, por tanto, no pueden enfrentarse como si fueran dos respuestas a una misma encuesta. Pero la diferencia sí revela un problema de evaluación: conocer cuántos jóvenes realizan una actividad productiva no basta para determinar cuántos consiguen un trabajo formal y estable.
El debate cobra relevancia después de que el Gobierno anunciara una pausa en las nuevas incorporaciones durante el resto de 2026. El 2 de octubre, la STPS informó que la plataforma no abriría ese mes; tres días después, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no habría nuevos ingresos durante octubre, noviembre y diciembre, debido al cumplimiento de la meta anual. La reanudación de las vinculaciones se prevé para enero de 2027. El programa no fue cancelado: la medida modifica temporalmente el calendario de ingreso, no elimina la política ni implica por sí misma que los participantes activos pierdan sus apoyos.
La pausa deja una pregunta pendiente sobre los resultados de quienes ya concluyeron su capacitación. Después de años de operación, el reto no consiste únicamente en contar beneficiarios, sino en saber qué oportunidades encuentran cuando termina el apoyo.
Qué significa que siete de cada diez encuentren una actividad productiva
En febrero de 2026, la STPS publicó el comunicado “Con Jóvenes Construyendo el Futuro, 7 de cada 10 beneficiarios encuentran empleo formal”. En el cuerpo del documento, sin embargo, la dependencia señaló que siete de cada diez participantes que terminan su capacitación encuentran “un empleo u ocupación productiva”. También afirmó que quienes participan tienen 2.5 veces mayor éxito para incorporarse al mercado laboral.
La diferencia entre el encabezado y la descripción del resultado es relevante. Una ocupación productiva puede ser un empleo asalariado con prestaciones, pero también una actividad por cuenta propia o un trabajo sin afiliación a la seguridad social. Por eso, no toda ocupación equivale a un empleo formal. Tampoco el hecho de conseguir un puesto demuestra que la persona lo mantenga durante varios meses.
La explicación presidencial del 28 de septiembre de 2026 añadió otro matiz. Sheinbaum se refirió a jóvenes que habían encontrado una actividad productiva, ya fuera mediante el trabajo o al incorporarse nuevamente a los estudios. Retomar la educación puede ser un resultado favorable para una persona que no estudiaba ni trabajaba, pero no equivale a una contratación. Si ambas situaciones se agrupan en un mismo indicador, es necesario conocer la definición utilizada antes de interpretarlo como una tasa de empleo formal.
El programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Durante un periodo de hasta doce meses, los participantes reciben capacitación en centros de trabajo, un apoyo económico mensual y cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El propósito es reducir una barrera habitual para quienes buscan su primera oportunidad laboral: la falta de experiencia. La formación puede ayudar a desarrollar habilidades, conocer la dinámica de una empresa y establecer contactos profesionales, pero no garantiza que exista una vacante formal disponible al terminar.
El comunicado de la STPS no detalla en su texto todos los elementos necesarios para reproducir el cálculo de siete de cada diez. Para interpretar con precisión el resultado se necesita conocer la población observada, el periodo de seguimiento y los criterios para clasificar una actividad como empleo u ocupación productiva. También importa distinguir cuántos egresados accedieron a un puesto con seguridad social y cuántos continuaron trabajando después de varios meses.
Estas limitaciones no demuestran que el indicador sea falso. Sí establecen un límite: con la información pública presentada en el comunicado, no puede afirmarse que siete de cada diez egresados consiguieron necesariamente un empleo formal y duradero.
Una investigación académica encuentra otro resultado
El artículo “Jóvenes Construyendo el Futuro: Una estimación de su inserción laboral en México y por región”, publicado en 2026 en la revista Equilibrio Económico de la Universidad Autónoma de Coahuila, examinó los resultados laborales del programa mediante información de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2020 y 2022.
Los autores —Astrid Ortiz Figueroa, Luis Huesca Reynoso, Linda Irene Llamas Rembao y Joaquín Bracamontes Nevárez— utilizaron técnicas de emparejamiento estadístico basadas en la distancia de Mahalanobis para estimar medidas del efecto promedio del programa. El estudio encontró resultados positivos y estadísticamente significativos, pero situó la inserción laboral nacional alrededor de cuatro de cada diez jóvenes.
El análisis también identificó diferencias regionales. La estimación para la región sur-sureste fue de aproximadamente 44%, mientras que para la región norte alcanzó 53.6%. Los autores relacionaron estas variaciones con las distintas capacidades de los mercados laborales para absorber a quienes buscan empleo.
Los resultados no constituyen una refutación directa de la cifra oficial. El estudio utiliza datos de 2020 y 2022, correspondientes a la pandemia y la recuperación posterior, además de una metodología econométrica distinta. La cifra de la STPS, por su parte, describe la incorporación a una actividad productiva según los criterios que utiliza la dependencia. Para comparar ambos indicadores sería necesario comprobar que las definiciones, las poblaciones observadas y los periodos de medición son equivalentes.
Aun con esa limitación, la investigación aporta dos elementos relevantes. El primero es que el resultado cambia según la definición y el método empleado para medir la inserción. El segundo es que el promedio nacional puede ocultar diferencias territoriales. La capacitación puede contribuir a mejorar las habilidades de los jóvenes, pero sus posibilidades de contratación también dependen de la actividad económica local, la demanda de trabajadores y la disponibilidad de puestos formales.
La diferencia regional plantea una cuestión importante para el diseño de la política pública: una misma estrategia de capacitación no necesariamente produce los mismos resultados en todo el país. Si las oportunidades laborales son desiguales, la evaluación necesita mostrar dónde se generan mejores resultados y qué obstáculos enfrentan los egresados en los mercados con menor capacidad de contratación.
La auditoría revisó el gasto, no la permanencia laboral
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ofrece otra perspectiva sobre el programa. En su informe individual de la Cuenta Pública 2024, la auditoría de cumplimiento número 395 examinó la gestión financiera de Jóvenes Construyendo el Futuro y revisó 22 mil 984 millones de pesos de la partida de subsidios para capacitación y becas, equivalentes al 97.2% del monto pagado en ese concepto.
El documento registró 489 mil 389 beneficiarios activos durante 2024, distribuidos en 296 mil 701 centros de trabajo. La revisión abarcó aspectos como el ejercicio presupuestario, los expedientes de los participantes, los medios de pago, la validación del padrón y los controles de operación.
El resultado debe expresarse con precisión: la ASF determinó ocho resultados y en ninguno detectó irregularidades. En su dictamen concluyó que, en términos generales y respecto de la muestra revisada, la STPS cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables. No hay fundamento para presentar esta auditoría como evidencia de desvíos o fraude.
Pero tampoco sería correcto utilizarla como prueba definitiva de que el programa consigue empleos formales. El objetivo de la fiscalización fue revisar la gestión financiera y el cumplimiento de la normativa, no determinar cuántos egresados consiguieron trabajo después de la capacitación ni cuánto tiempo permanecieron contratados. La regularidad del gasto y el impacto laboral son cuestiones diferentes.
La distinción importa porque un programa puede ejercer sus recursos conforme a las reglas y, al mismo tiempo, necesitar mejores indicadores para demostrar los resultados que produce. De igual manera, una cifra favorable de inserción no sustituye la revisión del presupuesto. Cada evaluación responde a una pregunta específica y sus conclusiones deben mantenerse dentro de ese alcance.
El resultado que falta medir
Las estadísticas generales del mercado laboral ayudan a comprender el contexto, pero no resuelven por sí solas el destino de los egresados. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), permite observar la ocupación, la desocupación, la informalidad y las condiciones laborales en México. Sin embargo, no identifica automáticamente a cada persona que participó en Jóvenes Construyendo el Futuro.
Los registros del IMSS también pueden aportar información sobre el empleo formal, pero las cifras agregadas de afiliación no revelan cuántos registros corresponden a antiguos beneficiarios. Para conocerlo se requiere información de seguimiento que permita relacionar, con las salvaguardas legales y de privacidad necesarias, la conclusión de la capacitación con una afiliación posterior.
La evaluación tendría que distinguir, al menos, tres resultados: cuántos egresados encuentran una ocupación, cuántos ingresan a un empleo formal y cuántos permanecen en él durante los meses posteriores. También sería importante conocer las diferencias por entidad, sexo, escolaridad, sector económico y tipo de centro de trabajo. Esos datos permitirían identificar si los resultados se concentran en determinados grupos o regiones y qué condiciones favorecen la contratación.
La pausa de nuevas incorporaciones hasta enero de 2027 no demuestra que el programa haya fracasado. El Gobierno la justificó por el cumplimiento de su meta anual. Sin embargo, la medida hace más pertinente examinar qué ocurrió con quienes ya terminaron su capacitación, en lugar de evaluar la política únicamente por la cantidad de personas que recibió el apoyo.
La revisión documental permite sostener una conclusión delimitada: el Gobierno reporta una incorporación favorable a actividades productivas; el estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila estima resultados distintos con otra metodología, y la ASF no encontró irregularidades en la muestra financiera que revisó, sin evaluar el impacto laboral. Ninguna de estas fuentes, por separado, permite afirmar cuántos egresados mantienen un empleo formal a mediano plazo.
Después de millones de participantes y una inversión pública acumulada de gran magnitud, la efectividad de Jóvenes Construyendo el Futuro no debería medirse únicamente por el número de apoyos entregados. La pregunta decisiva es qué sucede cuando termina la capacitación: si los jóvenes encuentran un empleo formal, si pueden conservarlo y si las habilidades adquiridas se traducen en mejores oportunidades. Esa es la diferencia entre demostrar que el programa tiene alcance y comprobar qué resultados laborales consigue.
