Las autoridades judiciales de Nueva Delhi extendieron hasta el 21 de octubre la custodia judicial de Ashutosh Ranka y Saurav Das, dirigentes del Cockroach Janta Party (CJP), conocido como Movimiento Cucaracha, en un procedimiento preventivo relacionado con su presunta entrada no autorizada a Jantar Mantar. La decisión fue adoptada el lunes 19 de octubre, después de que la Policía de Delhi solicitara cinco días adicionales de custodia por el riesgo alegado de alteraciones del orden público.
La resolución de la magistrada ejecutiva especial Ritu Raj concedió dos días más de detención, en lugar de los cinco solicitados por la policía. El caso se tramita bajo disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de India, conocida como Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), relacionadas con la prevención de alteraciones de la paz y el cumplimiento de garantías de buena conducta.
Ranka y Das habían sido enviados a cinco días de custodia judicial el 14 de octubre, después de su detención por hechos ocurridos el día anterior. Otro dirigente del partido, Ajinkya Shinde, fue liberado mediante una garantía personal, por lo que su situación judicial es distinta a la de los dos activistas que continúan detenidos.
El expediente recoge la versión policial según la cual Ranka y Das escalaron las puertas cerradas de Jantar Mantar para acceder al lugar, que había dejado de estar reconocido como espacio designado para protestas. La policía sostuvo que ambos habrían llegado desde las instalaciones de una oficina del Janata Dal (United), conocido como JDU, y que posteriormente desplegaron la bandera nacional y corearon consignas.
Las autoridades también alegaron que los dirigentes habían convocado concentraciones mediante redes sociales y que sus acciones podían incumplir las garantías de mantenimiento de la paz que habían firmado previamente. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados en el procedimiento y no constituyen, por sí mismas, una condena penal por los hechos denunciados.
La primera orden de custodia, emitida el 14 de octubre por el magistrado ejecutivo especial Mahesh Kumar Meena, señaló que no se habían presentado garantías consideradas suficientes para asegurar el cumplimiento de las condiciones de buena conducta. Los dirigentes quedaron sujetos a un procedimiento preventivo, no a una sentencia que establezca su culpabilidad por un delito.
En la audiencia del 19 de octubre, la magistrada Raj consideró que los elementos presentados por la policía justificaban mantener temporalmente la custodia ante la posibilidad de nuevas alteraciones del orden público. También rechazó las garantías presentadas, al identificar discrepancias en los documentos y considerar insatisfactorias algunas respuestas sobre los datos personales de los fiadores. Ordenó aportar nuevas garantías para continuar el procedimiento.
Ratna Singh, responsable jurídica del CJP, cuestionó la decisión y la actuación de las autoridades. Calificó la extensión de la custodia de «absurda» y describió el procedimiento ante el magistrado como «un circo». Asimismo, pidió abolir ese tribunal, al que calificó de «comprometido». Sus declaraciones expresan la posición de la defensa y no modifican por sí mismas la resolución judicial.
El caso se desarrolla en medio de las protestas del partido contra el comisionado jefe electoral de India, Gyanesh Kumar, y contra la revisión especial intensiva del padrón electoral. El CJP sostiene que el procedimiento puede perjudicar los derechos de los votantes y ha convertido esas denuncias en uno de los ejes de su campaña. Esas acusaciones deben distinguirse de las actuaciones judiciales relacionadas con el acceso a Jantar Mantar.
La controversia también involucra las restricciones para realizar manifestaciones en ese espacio de Nueva Delhi. La retirada de su designación como lugar autorizado para protestas ha provocado impugnaciones y movilizaciones de distintas organizaciones, que cuestionan las condiciones impuestas para ejercer ese derecho.
La siguiente comparecencia de Ranka y Das quedó programada para el miércoles 21 de octubre a las 14:00 horas. En esa audiencia se revisará la situación de ambos y las actuaciones pendientes. Hasta entonces, permanecerán bajo custodia judicial mientras continúa el procedimiento preventivo.
