México y Estados Unidos acordaron medidas de reparación laboral para la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas y operada por la estadounidense Newmont, tras una queja por presuntas violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El procedimiento se tramitó mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir de señalamientos relacionados con trabajadores de la sección 304 del Sindicato Nacional Minero.
La fecha límite establecida para cumplir los compromisos es el 28 de octubre, según la información publicada por La Jornada. El plan contempla reinstalar a dos trabajadores despedidos presuntamente en represalia por su actividad sindical o, según corresponda, indemnizarlos, además de cubrir salarios retroactivos y prestaciones.
El acuerdo también incluye medidas para fortalecer las garantías de participación sindical y habilitar canales confidenciales de denuncia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) participará en el seguimiento para verificar las acciones comprometidas y determinar, dentro de sus atribuciones, si corresponde aplicar medidas conforme a la legislación mexicana.
La proximidad del plazo convierte el cumplimiento en el principal punto de atención. El acuerdo establece obligaciones concretas, pero su anuncio no significa que todas las reparaciones ya se hayan ejecutado ni que cada señalamiento de la queja haya quedado resuelto.
La queja sindical y las reparaciones acordadas
La controversia comenzó con una queja presentada en mayo por el Sindicato Nacional Minero, que denunció presuntas represalias contra trabajadores por participar en actividades sindicales. El mecanismo del T-MEC permite a los gobiernos examinar posibles denegaciones de derechos laborales en centros de trabajo específicos y acordar medidas para remediarlas.
Entre las acciones previstas figuran la reinstalación de los dos trabajadores o el pago de las indemnizaciones correspondientes, junto con salarios y prestaciones retroactivas. Estas medidas buscan reparar las consecuencias de los despidos denunciados y garantizar que la participación en actividades sindicales no dé lugar a represalias.
Newmont también deberá publicar una carta de neutralidad respecto de la actividad sindical y capacitar a su personal sobre derechos colectivos. El plan incluye mantener un mecanismo de quejas para que los empleados puedan reportar de forma anónima y confidencial posibles actos de injerencia indebida u otras vulneraciones laborales.
Los compromisos deben distinguirse de una resolución que declare probados todos los hechos denunciados. El plan fija medidas de reparación y supervisión; corresponde a las autoridades verificar su cumplimiento y determinar si existen elementos para otras acciones conforme al marco legal.
El plazo pone a prueba la aplicación del T-MEC
La STPS tendrá un papel en la verificación de las medidas, incluidos los pagos, las reinstalaciones o indemnizaciones y el funcionamiento de los canales de denuncia. El seguimiento también contempla intercambio de información entre México y Estados Unidos y reuniones para revisar los avances.
El 28 de octubre será una fecha clave para conocer si la empresa cumplió las acciones previstas dentro del plazo. Si persisten incumplimientos, las autoridades podrán valorar las medidas adicionales contempladas en el mecanismo y las consecuencias previstas por la legislación aplicable. Cualquier determinación deberá sustentarse en documentación y resultados verificables.
El caso muestra cómo el T-MEC incorpora procedimientos laborales que van más allá de las reglas comerciales. El mecanismo permite atender controversias específicas sobre derechos colectivos y establecer compromisos sujetos a supervisión gubernamental. Su eficacia, sin embargo, depende de que las medidas acordadas se cumplan y de que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.
Para los empleados de Peñasquito, el resultado se medirá en la restitución de derechos, el pago de las cantidades correspondientes y la posibilidad de participar en actividades sindicales con garantías efectivas. Para las autoridades, la tarea inmediata será comprobar el cumplimiento de cada compromiso y comunicar los resultados del seguimiento sin confundir las medidas acordadas con conclusiones que aún no se hayan acreditado.
