Arturo Damm Arnal
Con relación a la próxima consulta popular, absurda ocurrencia de AMLO, para que el pueblo decida si se debe o no enjuiciar a los expresidentes, hay que decir tres cosas: (i) la pregunta no tiene sentido; (ii) la aplicación de la ley, en el Estado de Derecho, no se consulta; (iii) la consulta popular es muestra del Estado de chueco. (A lo anterior hay que sumarle, tema no menor, el costo de la consulta).
La pregunta no tiene sentido.
La pregunta original, planteada por AMLO, era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su vergüenza, cambió la pregunta que quedó así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Actores políticos, ¿cuáles? Todos, no solo expresidentes. Años pasados, ¿cuáles? Todos, de 2020 para atrás. Por lo tanto, de cumplirse los requisitos para que el resultado de la consulta popular resulte vinculante (algo que probablemente no sucederá), debería emprenderse, entre muchos otros, un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas por AMLO.
¿Quién, en su sano juicio, respondería que no a la pregunta?
La aplicación de la ley, en el Estado de Derecho, no se consulta.
El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, Estado de Derecho que, además de dichas leyes, requiere de autoridades honestas y eficaces que las hagan valer, que defiendan los derechos de las personas, lo cual no requiere de consultas populares. La aplicación de la ley, la defensa de los derechos de las personas, que es la defensa de la justicia, no forma parte de la democracia, por lo que no debe depender de la decisión de la mayoría. Cuando esto sucede, como se pretende que suceda con la mentada consulta popular, lo que se padece es inseguridad jurídica, que es una de las peores inseguridades que puede padecerse en una sociedad.
La consulta popular es muestra del Estado de chueco.
Si el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, el Estado de chueco, su antítesis, es el gobierno de la voluntad del gobernante, tal y como sucede cuando éste quiere preguntarle al pueblo si aplica o no la ley, si cumple o no con sus obligaciones, de las cuales la más importante es hacer valer la ley, pueblo que debe responder con un rotundo sí.
Todo este asunto de la consulta popular es una muestra más de que en México los organismos gubernamentales, desde la presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en muchos casos son una caricatura de lo que deberían ser, una forma deformada de la forma que deberían tener, que es la que corresponde al Estado de Derecho, no al de chueco, que en México está tomando la forma de la monocracia (el gobierno de uno), autocrática (el gobierno de uno, en función de sus deseos), y totalitaria (el gobierno de uno, en función de sus deseos, que pretende abarcarlo todo, desde la moral hasta la economía).
