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Aprovechando el inicio del año y que en pocos meses, tendremos que enfrentarnos a la tan citada “elección de personas juzgadoras” como le han llamado legisladores, funcionarios y fervientes seguidores de la 4T, se puede retomar una disyuntiva básica para el ejercicio de la tarea juzgadora.
El debate entre legalidad y justicia ha sido un eje central en la reflexión jurídica a lo largo de la historia. Aunque ambos conceptos parecen estar vinculados, representan esferas que se complementan, aunque en ocasiones, pueden entrar en conflicto. Entender sus diferencias y complementariedades es fundamental para garantizar que el derecho no solo sea una herramienta de control, sino también un medio para promover el bienestar social.
La legalidad se refiere, de manera sencilla, a aquello que está conforme a la letra de la ley. Es decir, a lo estipulado de manera explícita en los textos legales, sin mayores discusiones. Este concepto puede analizarse desde dos perspectivas. La primera es estrictamente formal: el cumplimiento literal de las normas vigentes. La segunda, en opinión de muchos juristas, incluye la justicia implícita que el juez debe buscar al interpretar y aplicar la ley.
Por otro lado, lo justo plantea una cuestión compleja, pues su origen no solo está en el derecho positivo, sino también en el derecho natural. Este último, entendido como un orden inherente a la sociedad, que busca proteger al ser humano desde un plano universal. En este contexto, la justicia puede definirse como el principio de dar a cada quien lo que le corresponde, un ideal que, aunque suene sencillo, suele estar sujeto a las ideologías colectivas e individuales, como lo hemos visto en los últimos meses, cuando se han pasado por alto los cánones de la aplicación de ambos conceptos.
La interacción entre legalidad y justicia no es sencilla, ya que ambas son influenciadas por las corrientes ideológicas y políticas que rigen a un Estado. Las leyes, al ser producto de un contexto histórico y político, pueden no siempre reflejar ideales justos. Un ejemplo claro es la pena de muerte, que en algunos sistemas jurídicos se considera legal, pero cuya legitimidad moral y justicia han sido ampliamente cuestionadas.
Este dilema nos lleva a considerar el papel del juez, quien no solo debe aplicar la ley sin reflexionar, debe ponderar los valores implícitos en ella. La teoría jurídica establece que el juez debe actuar con razonabilidad, prudencia y ponderación. Aunque estos principios no estén explícitamente detallados en la norma, son esenciales para garantizar que la aplicación del derecho se acerque lo más posible a la justicia.
Además, el juez debe tomar en cuenta ciertos deberes morales que, aunque no están formalmente codificados, son inherentes a la labor judicial. Su tarea no se limita a seguir lo que la ley ordena, sino también a interpretar y aplicar las normas de manera que se respete la dignidad humana, se garantice la equidad y otros valores.
La vinculación entre legalidad y justicia ha sido objeto de análisis desde los clásicos hasta los pensadores modernos. La cuestión no es meramente teórica, sino profundamente práctica, pues afecta la vida cotidiana de las personas y el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué sucede cuando una ley, aunque legal, es considerada injusta por la sociedad? ¿Cómo puede un juez equilibrar los valores legales y morales en sus decisiones? Estas son preguntas que, aunque no tienen respuestas definitivas, deben guiar el ejercicio del derecho.
En última instancia, la relación entre legalidad y justicia subraya la importancia de un sistema jurídico que no solo sea prácticamente adecuado, sino también éticamente robusto. El derecho no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales.
