La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó vencer, sin publicar las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el plazo que la propia reforma le fijó para el 16 de julio de 2026. El incumplimiento deja en pausa la implementación operativa de las obligaciones que debían entrar en vigor para los cerca de 5.2 millones de negocios que realizan actividades consideradas vulnerables en México, según cifras que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) había difundido antes de la fecha límite.
El plazo derivaba de un proceso legislativo iniciado hace un año. El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformó la LFPIORPI, con entrada en vigor al día siguiente. La ley otorgó a la SHCP, con opinión previa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un plazo de doce meses para modificar las reglas de carácter general que deben detallar cómo se aplicarán en la práctica las nuevas obligaciones. El 27 de marzo de 2026 se publicó, además, la reforma al Reglamento de la LFPIORPI, la primera actualización de ese instrumento desde 2013. Solo restaba la emisión de las reglas de carácter general para cerrar el nuevo esquema normativo, paso que la dependencia no cumplió en la fecha comprometida.
Entre las obligaciones que dependen de estas reglas se encuentra la identificación del beneficiario controlador a partir del 25% de participación en una sociedad, la obligatoriedad del monitoreo automatizado de operaciones —que dejó de ser opcional con la reforma— y las nuevas exigencias del artículo 18 de la ley, cuyas multas por incumplimiento oscilan entre 1.17 y 7.6 millones de pesos. Mientras la SHCP no publique las reglas, los sujetos obligados deben continuar operando con los formatos y disposiciones vigentes desde el 17 de julio de 2025, de acuerdo con los artículos transitorios del decreto, lo que en la práctica retrasa la entrada en operación plena de la reforma.
El retraso se conoció en un contexto de mayor presión sobre el sistema de prevención de lavado de dinero en México. La presidenta de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), Soraya Pérez Munguía, advirtió que el fenómeno conocido como «huachicol fiscal» —el robo y contrabando de combustibles con fines de evasión— se ha transformado en una operación financiera transnacional que combina redes logísticas, facturación falsa y activos virtuales, lo que rebasa la lógica tradicional del robo físico de combustible. De forma paralela, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó en un informe reciente que organizaciones del crimen organizado han comenzado a desarrollar sus propias monedas estables (stablecoins) para mover recursos fuera del alcance de las autoridades financieras.
La SHCP no ha ofrecido, hasta el momento, una explicación pública sobre las razones del retraso ni una nueva fecha comprometida para la publicación de las reglas de carácter general. Tampoco existe un mecanismo de sanción previsto en la ley para el caso de que la propia autoridad incumpla el plazo que se autoimpuso, a diferencia de las multas que sí aplican a los particulares que no cumplan sus obligaciones de reporte.
El siguiente paso verificable será la publicación de las reglas de carácter general en el Diario Oficial de la Federación, trámite del que dependen la capacitación anual obligatoria, las auditorías internas y externas, y la plena exigibilidad de las nuevas obligaciones de identificación y monitoreo para los negocios que realizan actividades vulnerables en México.
