El 26 de septiembre de 2024 se cumplirán diez años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un caso que ha marcado a México como símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de Estado. Los estudiantes fueron interceptados en Iguala, Guerrero, mientras intentaban llegar a Ciudad de México para participar en una manifestación. La desaparición ocurrió tras una serie de violentos ataques por parte de fuerzas de seguridad locales, resultando en seis muertos, decenas de heridos y la desaparición de los normalistas.
Desde entonces, las familias de los desaparecidos han exigido justicia y verdad, calificando como «mentira histórica» la versión oficial presentada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal y asesinados en un basurero. Esta versión fue desacreditada por investigaciones independientes, y en 2018, el caso fue oficialmente reconocido como un crimen de Estado.
Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre de 2024, ya se ha reunido con las familias de los desaparecidos y ha prometido que no se cerrará la investigación durante su mandato. La búsqueda de justicia sigue enfrentando obstáculos, entre ellos la colusión entre autoridades y el crimen organizado, así como la implicación de sectores del ejército mexicano en el encubrimiento de los hechos.
Aunque el gobierno ha identificado a más de 400 personas involucradas en el crimen, incluidos policías, militares y miembros del crimen organizado, el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido, y hasta la fecha solo se han encontrado los restos de tres de ellos.
A nivel internacional, el caso de Ayotzinapa ha generado protestas y solidaridad, con organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desempeñando un papel crucial en la investigación. Las familias de los desaparecidos continúan su lucha a través de manifestaciones y acciones simbólicas, como el «antimonumento» +43 en la Ciudad de México y las «Acciones Globales por Ayotzinapa» el día 26 de cada mes, exigiendo justicia y verdad.
El caso de Ayotzinapa no solo expone la violencia estatal y la cultura de impunidad en México, sino que también se ha convertido en un emblema de la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica en el país. A pesar de los avances en la investigación, las familias siguen denunciando encubrimientos y la falta de acciones contundentes por parte del gobierno para esclarecer los hechos.
