El Gobierno argentino planea presentar una versión más acotada de la ley ómnibus, manteniendo aspectos clave que buscan mejorar la recaudación fiscal y sumar más de 1 punto del PIB a las cuentas públicas. Este ajuste viene en respuesta a la necesidad de adaptar la estrategia fiscal frente a una recesión que amenaza la recaudación. Dentro de las medidas a implementar, se destacan cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la privatización de empresas públicas, una moratoria impositiva, desregulación energética, y un régimen especial para grandes inversiones.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, indicó que el nuevo proyecto legislativo contará con aproximadamente 200 artículos, una reducción significativa en comparación con el texto original. A pesar de este recorte, se mantienen varias propuestas con un impacto fiscal importante. Entre ellas, se proyecta cambiar la actual fórmula de movilidad jubilatoria por una que ajuste las pensiones mensualmente según la inflación, aunque este cambio podría demorarse hasta mayo debido al proceso legislativo.
La moratoria impositiva es otra de las medidas previstas que contribuiría a la recaudación, aunque no está claro si se incluirán modificaciones en bienes personales y el blanqueo de capitales, previamente estimados para aportar 0.5% del PIB. La privatización de diversas empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, TV Pública, Energía Argentina, entre otras, busca reducir el gasto público y potencialmente aumentar los ingresos mediante su venta, aunque la falta de datos sobre su valor de mercado dificulta estimar el impacto fiscal exacto.
La propuesta de aplicar retenciones a toda la economía y reestructurar el impuesto a las ganancias son puntos de debate entre el Gobierno y los gobernadores, con potencial para aportar significativamente a las cuentas públicas. Sin embargo, la inclusión de retenciones a toda la economía no se contempla en la nueva versión de la ley.
Este relanzamiento de la ley ómnibus refleja un esfuerzo del Gobierno argentino por adaptarse a las condiciones económicas actuales y buscar alternativas para fortalecer las finanzas públicas. La eficacia de estas medidas dependerá de su implementación y aceptación tanto en el Congreso como por parte de la sociedad y el sector empresarial.
Con información de El Economista | Nota original
