Por Jorge Molina Larrondo
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Mientras que el presidente López Obrador no tuvo empacho en declarar como ilegítimo al gobierno de Dina Boluarte en Perú, por lo que considera un golpe de estado a Pedro Castillo y que llevó a que el gobierno peruano declarara persona non-grata al líder mexicano; o de haber otorgado asilo en la embajada de Ecuador al exvicepresidente de ese país, Jorge Glas, a pesar de que había una orden de aprensión en su contra por corrupción y que desembocó en el allanamiento de la embajada mexicana en Quito; o de haber solicitado al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco pedir perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista; o de haber solicitado a Estados Unidos en varias ocasiones la liberación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange; o de haber declarado por quién deben votar los mexicanos que viven en Estados Unidos en las elecciones de noviembre, el presidente mantiene su silencio respecto al conflicto en Gaza.
A pesar de que más de 36,000 palestinos han sido asesinados y más de 81,000 personas han resultado heridas en Gaza desde el siete de octubre, cuando murieron 1,139 personas por el ataque de Hamas, López Obrador insiste en la neutralidad de México respecto al conflicto, argumentando el principio de “no intervención” que caracterizó la política del presidente Luis Echeverría en los 70s. Este mismo argumento ha sido usado para evitar condenar públicamente la invasión de Ucrania o los abusos de los regímenes de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua y de Díaz Canel en Cuba, a quienes incluso ha financiado.
Luego de dos bombardeos en el paso de Rafah, y sitio de refugio de gazatíes, en donde se comprobó el uso de bombas de fabricación estadounidense, se anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una declaración de intervención en contra de Israel tras la denuncia que presentó Sudáfrica a finales de diciembre, en la que advertía de un posible genocidio en la Franja de Gaza. México, Sudáfrica e Israel deberán presentar por escrito su opinión sobre la posible interpretación del contenido de la Convención para Prevenir y Castigar el Genocidio. Todo esto se produce luego que Israel ignorara la orden de la CIJ del pasado viernes, para que detuviera inmediatamente su ofensiva sobre Rafah.
El gobierno de Benjamín Netanyahu ha reaccionado calificando como antisemita cualquier acción que implique una crítica a su gobierno, mientras que el gobierno de Biden ha demostrado ser incapaz de contener este conflicto y se ha dedicado a desactivar las protestas en las universidades en su territorio, lo que se traducirá en una eventual pérdida de votos en las elecciones de noviembre. A pesar de la reacción mundial en contra de los últimos bombardeos sobre Rafah, que forzó a que Netanyahu declarara como un “trágico accidente” la muerte de casi 50 personas, algunas de ellas calcinadas, el gobierno de Biden mantiene su posición que Israel no ha cometido ningún genocidio y sigue perdiendo legitimidad ante la comunidad internacional.
Otros países han empezado a tomar algunas medidas, aunque sean pequeñas y se consideren simbólicas. Entre ellas está el reconocimiento del estado Palestino que hicieron este martes España, Noruega e Irlanda, un acto que se puede llamar simbólico, pero que generó que el gobierno israelí demandara el despido de la vicepresidenta Yolanda Díaz y acusara a Pedro Sánchez de ser «cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío», sin que hubiera una reacción importante en apoyo de los tres países europeos.
Aunque la postura de México no afectará este conflicto, refleja la levedad y descuido con que se ha llevado la política exterior en este sexenio, lo que se ha traducido en la pérdida de influencia, liderazgo y de espacios políticos con que nuestro país contaba en diversos foros internacionales. Para López Obrador, las relaciones exteriores han sido un elemento para generar distractores ante la ineficiencia de su gobierno en temas domésticos. Sin embargo, no han contribuido cuando han sido necesarias, como en el caso de la recuperación del cuerpo de Orión Hernández, un mexicano que se presumía estaba entre los secuestrados por Hamás en octubre.
Si el próximo gobierno insiste en continuar con la política de “90% lealtad y 10% de experiencia” para la asignación de puestos claves, México no sólo seguirá perdiendo influencia a nivel internacional, pero su reputación puede sufrir un golpe del que tarde años en recuperarse.
