De confiados y confianzudos, están llenos los panteones…
Macraf
Eduardo López Chávez
Con la finalidad de combatir los altos niveles de inflación en el país, el gobierno del hijo predilecto de Macuspana decidió presentar el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el cual en principio complementa al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentado en mayo, sin embargo, ambos tienen ciertos problemas que considerar.
En el caso del PACIC, el principal problema radica en que solo considera un total de 24 productos, cuando de acuerdo con el INEGI, la canasta de consumo mínimo en nuestro país es de 176 productos, es decir, controlar el precio de 24, de ninguna forma provocaría una reducción del nivel inflacionario.
Por otro lado, en lo relacionado con este Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, el principal problema radica en la llamada licencia única universal, otorgada por el Gobierno Federal a las empresas firmantes, eximiendolas de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos que deban extender instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así mismo quedan libres del impuesto General de Importación.
En buen cristiano, se les permitirá importar productos sin ninguna clase de supervisión o regulación, confiando en que cumplirán con las normas básicas sanitarias y de calidad, situación que abre la posibilidad de que puedan entrar al país problemas como pueden ser plagas en el caso de los productos agrícolas, o bien, granos en mal estado, ojo, podría volverse realidad aquello del maíz con gorgojo que alguna vez criticó tan ferozmente el morador de palacio.
¿Qué sucedería si efectivamente entra al país algún producto de baja calidad y con alguna contingencia sanitaria?, en realidad no está claro porque el acuerdo no habla de ninguna sanción, es decir, confía plenamente en que las empresas tendrán control de esta situación pero en caso de que no sea así, no tendrá ninguna sanción, por lo tanto, no hay incentivos reales para que se cumpla con la normativa y por el contrario, hay un incentivo malicioso para que las empresas comercialicen productos, que les permitan aumentar su ganancia a costa de los estándares mínimos de calidad y sanidad.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido por la autoridad, será el gobierno el que atenderá las controversias que puedan surgir respecto de problemas de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o cualquier otra que pueda afectar la oferta de alimentos, sin embargo, hay que dejar algo muy claro, en el momento en el que solamente las empresas firmantes tienen los beneficios del acuerdo, es el propio gobierno el que está provocando una competencia desleal, ya que, ofrece un beneficio a unas sobre otras, que se ve reflejado en los precios de mercado ¿cómo pensarán solucionar esta situación?
Cómo podrá ver mi estimado lector, existen muchos cabos sueltos en este acuerdo, desafortunadamente y como en muchas ocasiones los más perjudicados serán las personas de recursos escasos y me llama la atención que dentro del equipo de la Secretaría, no exista alguien que pueda corregirles la gran cantidad de tonterías que dicen, si bien es cierto el problema de la inflación en nuestro país es por el lado de la oferta, esto no significa que la forma de atacarla sea a través del control de precios, se necesita por un lado fortalecer la base productiva nacional y por el otro, analizar la cantidad de dinero que circula en la economía, cuestiones que quedan claras al observar que el incremento en el consumo interno de acuerdo con datos del INEGI, está enfocado en bienes del exterior, aunque para variar, es algo que desde Palacio Nacional no se entiende.
