Por Jorge Molina Larrondo
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Con los cambios anunciados ayer por el presidente Biden en la política migratoria de Estados Unidos, México tiene que implementar diversas medidas para hacer valer la frontera con Guatemala y evitar que el flujo de migrantes que la cruzan prácticamente sin ninguna restricción, se convierta en un problema que se puede salir de control. Ahora que el presidente estadounidense puede solicitar el cierre de la frontera con México en caso de que el promedio de arrestos a lo largo de siete días supere los 2,500 casos diarios, México tiene que minimizar el flujo de migrantes ilegales que entran a territorio mexicano y evitar generar problemas que afectarán tanto a las ciudades fronterizas, como a los flujos comerciales que circulan en ambos sentidos y que representan más de 2,211 millones de dólares cada día.
De acuerdo con el decreto firmado por Biden, que modifica la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Secretario de Seguridad Nacional podrá abrir nuevamente la frontera cuando el promedio de arrestos diarios, a lo largo de siete días, no supere los 1,500 casos, lo que implica que cada uno de estos cierres serán al menos de ocho días naturales. Los umbrales para abrir y cerrar la frontera fueron tomados de la propuesta de ley negociada entre los senadores James Lankford (republicano), Chris Murphy (demócrata) y Kyrsten Sinema (independiente), considerada como el proyecto sobre migración más robusto de los últimos 40 años y al que Trump obligó a los republicanos a oponerse para mantener el tema como uno de los grandes problemas para la campaña presidencial.
La nueva política niega la entrada a territorio estadounidense a quienes crucen la frontera sin previa autorización -y que no podrán reingresar a territorio estadounidense en un mínimo de cinco años- y permite hacer deportaciones de manera más expedita. México recibirá a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de los mexicanos expulsados. Aún no está claro a dónde serán enviados los ciudadanos de otros continentes, aunque habrá algunas excepciones, como en el caso de los menores que viajen solos y aquellas personas que demuestren que su vida esté en peligro en caso de regresar a su país de origen.
El decreto vuelve a implementar una de las medidas migratorias utilizadas por el gobierno de Trump. La gran diferencia es que entonces la ley estaba claramente orientada en contra de ciertos ciudadanos árabes, mientras que en este caso, no se hace mención del país de procedencia de los posibles infractores o de su religión, lo que el gobierno de Biden considera permitirá que este decreto resista las denuncias que se presentarán por parte de diferentes organismos no gubernamentales que consideran que el decreto de Biden, al igual que en el caso de Trump, viola uno de los principios constitucionales de ese país al restringir el derecho de asilo a quienes lo solicitan.
Biden fue criticado inmediatamente por legisladores de ambos partidos. El influyente senador John Cornyn (Texas), que se ha postulado como nuevo líder republicano en el senado, dijo que la decisión se tomó muy tarde y que no acaba con el problema, mientras que el grupo de demócratas más progresistas lamentaron el uso de tácticas similares a las del gobierno de Trump, atentando en contra de los derechos de los migrantes.
Sin embargo, es innegable que la decisión se tomó en tanto que Biden sigue detrás de Trump en las encuestas. Una encuesta de Gallup, publicada a finales de abril, indica que el 27% de los estadounidenses consideran que la inmigración es el problema más importante que enfrenta actualmente ese país. Además, otra encuesta realizada a nivel nacional en mayo, por la Universidad de Marquette entre votantes registrados, arrojó que el 52% de quienes respondieron consideran que Trump hizo una mejor labor en migración y seguridad fronteriza, contra el 25% que considera que Biden lo está haciendo mejor.
Biden sigue considerando necesaria la cooperación de México para que el nuevo decreto funcione adecuadamente. El anuncio de esta nueva medida se programó para después de las elecciones en este país y se hizo luego de haber felicitado el lunes por teléfono a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de haber calificado al proceso electoral como “justo y libre.” Falta ver cómo reaccionará el nuevo gobierno, pues se necesitan recursos en el presupuesto 2025 para atender a los migrantes rechazados que se quedan en nuestro territorio, pero sobre todo, para fortalecer la frontera sur.
