Quién diría que algún día, se utilizaría el estandarte del bienestar para ocultar la ineptitud…
Macraf
En lo que va de la administración del morador de palacio, la palabra «bienestar» ha cobrado un papel protagónico al ser utilizada como el estandarte de todos los programas sociales implementados por el gobierno. Sin embargo, resulta necesario cuestionar si este término se traduce efectivamente en mejoras significativas para la población o si más bien se trata de un uso retorcido con fines electorales.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el bienestar económico es una dimensión clave en la medición de la pobreza. Esta dimensión permite identificar si las personas tienen los recursos para adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades básicas. La medición del ingreso, que abarca recursos monetarios y no monetarios, es esencial para identificar a aquellos con ingresos insuficientes, utilizando la línea de pobreza por ingresos y la de pobreza extrema por ingresos.
Si bien es cierto que, durante el sexenio actual se ha observado un aumento significativo en el salario mínimo y en programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuestiones que pueden ser vistas como avances que podrían indicar un progreso en el bienestar económico, la precaria situación en sectores críticos como el de la salud contrarresta estos esfuerzos. Hoy las personas se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos para hacer frente a las deficiencias en servicios de salud, evidenciando una desconexión entre los programas sociales y las necesidades fundamentales de la población.
Además, la administración del morador de palacio ha destinado recursos a proyectos de poca viabilidad y utilidad, desviando fondos que podrían haberse empleado de manera más efectiva en áreas prioritarias. La construcción de una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos, un tren inoperante y una aerolínea sin pasajeros, son ejemplos palpables de decisiones cuestionables que han impactado negativamente en el bienestar general.
Dado lo anterior, la incorporación de la palabra «bienestar» al nombre de programas y proyectos no garantiza que se esté generando un impacto positivo en la calidad de vida de la población. Más bien, parece ser una estrategia retórica con fines electorales, encaminada a crear una percepción positiva en torno a las acciones gubernamentales.
Un ejemplo de esta estrategia es la denominada Gasolinera del Bienestar en Campeche. Operando bajo el esquema de cooperativa ejidal y ofreciendo precios regulados por el gobierno del tabasqueño, esta iniciativa pretende generar un supuesto bienestar. Sin embargo, al analizar los costos, se revela que el litro de gasolina regular se vende a 23.69 pesos, mientras que el diésel alcanza los 24.69 pesos por litro, es decir, no hay un beneficio por precio, lo que genera la pregunta ¿cuál es el bienestar que realmente genera?
Aunque las ganancias de esta gasolinera serán dirigidas a una cooperativa, proporcionando beneficios a sus integrantes, no existe un impacto regional significativo. La mejora en la situación de la región, y por ende el bienestar colectivo, no existe. Este ejemplo ilustra cómo el uso de la palabra «bienestar» puede ser un mero artificio retórico que encubre la falta de resultados tangibles: el sureste mexicano está igual o peor que antes.
Así mismo, en lugar de priorizar proyectos con un impacto real en la calidad de vida de la población, el gobierno del tabasqueño ha evidenciado una preferencia por iniciativas que carecen de sustento lógico y que, en última instancia, no contribuyen al bienestar general. La falta de una planificación efectiva y la inversión en proyectos sin sentido han llevado a la desconfianza y la percepción de ineptitud por parte del gobierno del hijo predilecto de Macuspana.
En buen cristiano, el bienestar al estilo 4T se presenta como un concepto que, a pesar de ser utilizado recurrentemente para denominar programas y proyectos gubernamentales, carece de un respaldo sustancial en términos de mejoras tangibles para la población. Aunque se haya incrementado el salario mínimo y se hayan implementado programas sociales, la realidad es que la falta de eficiencia en sectores clave y la inversión en proyectos cuestionables socavan los esfuerzos por generar un auténtico bienestar. Es crucial que la administración del morador de palacio revise sus prioridades y enfoque sus recursos en iniciativas que realmente beneficien a la población y contribuyan al desarrollo sostenible del país. Lamentablemente, dudo que suceda, porque la prioridad de Andrés no es el bienestar de quienes le dieron su voto hace 5 años y un mes, sino ganar una elección y asegurar el poder.
