Por Jorge Molina Larrondo
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Luego de que Donald Trump presionara abiertamente hace dos semanas a los legisladores republicanos a oponerse a la propuesta de ley sobre inmigración que habían negociado por meses los senadores James Lankford (republicano de Oklahoma), Chris Murphy (demócrata de Connecticut) y Kyrsten Sinema (independiente de Arizona), lo que llevó al Congreso a desechar la que se considera la reforma potencial sobre inmigración más importante desde 1986, ahora el presidente Biden está analizando implementar medidas aún más drásticas que las consideradas en esa propuesta.
Biden podría anunciar antes de que termine esta semana la implementación de la Sección 212f del Código Civil de Estados Unidos que permite al presidente “suspender la entrada de todo extranjero o cualquier tipo de extranjero como inmigrante o no inmigrante” si su entrada “fuera perjudicial para los intereses de los Estados Unidos.” Esta acción se puede realizar por medio de un decreto firmado por el presidente – lo que en Estados Unidos se conoce como una Orden Ejecutiva – y no requiere de la autorización del Congreso.
La posible implementación de la Sección 212f refleja la enorme preocupación que existe en la Casa Blanca sobre el tema de la inmigración, lo que será uno de los dos grandes temas de la campaña, y la falta de alternativas viables generadas por el gobierno de Biden en estos últimos tres años, tanto así que está dispuesto a usar una medida que Trump consideró aplicar durante su mandato, por la que fue muy criticado.
Una Orden Ejecutiva permite al presidente de Estados Unidos actuar sobre la implementación de alguna ley vigente, pero con ella no puede poner en marcha, o derogar, leyes que en ese momento hayan sido aprobadas previamente por el Congreso. Trump pensaba de manera equivocada, que por medio de una Orden Ejecutiva podía hacer que Estados Unidos saliera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, lo que era imposible luego que los 14 tratados comerciales de los que Estados Unidos es Parte han sido aprobados por el Congreso.
La propuesta de ley de los senadores Lankford, Murphy y Sinema otorgaba al presidente el poder de cerrar la frontera cuando ocurrieran en un día más de 5,000 detenciones de ilegales en territorio estadounidense. La implementación de la Sección 212f permite que el presidente rechace toda petición de asilo, sin importar la causa de la petición, en caso de que la persona cruce la frontera de manera ilegal. Esta fue precisamente la legislación que utilizó Trump para tratar de evitar la entrada de musulmanes a Estados Unidos, lo que eventualmente fue declarado inconstitucional por los tribunales.
La posibilidad de implementar la Sección 212f generaría la reacción de los diferentes grupos de Latinos y de la fracción progresista del partido Demócrata, que ya ha externado su profunda preocupación por esta situación. Sin embargo, existe en la frontera una enorme cantidad de votantes de origen latino americano que han declarado su intención de votar por Trump en noviembre debido a que el gobierno de Biden no ha sido – a su parecer – capaz de controlar el flujo de inmigrantes ilegales.
Seguramente el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y los 13 gobernadores que lo apoyan en sus críticas hacia el gobierno de Biden por no corregir el problema de la inmigración ilegal, considerarán que la implementación de la Sección 212f no es suficiente e insistiría en seguir aplicando las medidas que durante los últimos 18 meses han generado diferentes obstáculos a las exportaciones mexicanas, a pesar de haber sido declaradas como ilegales por los tribunales.
Finalmente, implementar la Sección 212f generaría nuevas presiones a gobierno mexicano, que tendría que lidiar con una mayor cantidad de inmigrantes en su territorio. Hasta ahora, las pláticas de alto nivel entre ambos países parecen no haber generado los resultados esperados. Al parecer, el tema de la frontera no figurará de manera prominente en la agenda de los candidatos por la presidencia mexicana.
