Por Juan G. Araque Contreras
Escuchar
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, uno de sus compromisos más destacados fue mejorar el sistema de salud del país, con la ambiciosa meta de equipararlo al sistema danés, reconocido internacionalmente por su eficiencia y cobertura universal. Sin embargo, a más de cinco años de su gobierno, es evidente que esta promesa está muy lejos de materializarse.
La pandemia de COVID-19, que tomó al mundo por sorpresa, puso al descubierto las enormes deficiencias del sistema de salud mexicano. La falta de personal médico capacitado y especializado, así como la escasez de equipo e insumos básicos, dejaron al país en una posición precaria para enfrentar la crisis sanitaria. Las decisiones tomadas por el gobierno, muchas veces de manera unilateral y sin el debido sustento científico, resultaron insuficientes y tardías, lo que contribuyó a agravar la situación y aumentar el número de víctimas.
Sin embargo, la pandemia solo exacerbó problemas que ya existían previamente en el sistema de salud. La escasez de medicamentos esenciales, como aquellos utilizados en el tratamiento del cáncer, ha sido una constante que afecta a miles de pacientes en todo el país. La falta de transparencia en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos ha generado un clima de desconfianza y frustración entre la población, que ve cómo su salud se ve comprometida por la ineficiencia y la corrupción.
Si analizamos las cifras, los resultados son alarmantes. Se estima que seis millones de niños no cuentan con el esquema completo de vacunación, lo que los expone a enfermedades como la polio, el sarampión y la tuberculosis. Además, el acceso a servicios médicos sigue siendo limitado para gran parte de la población, especialmente para aquellos en situación de pobreza, como lo demuestra el hecho de que el 46% de los enfermos no recibe atención médica adecuada.
La falta de financiamiento del sector salud es otro aspecto preocupante. En los últimos años, se han recortado más de 157 mil millones de pesos del presupuesto destinado a salud, lo que ha afectado gravemente la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población. Según datos del CONEVAL hace cinco años, al inicio del actual sexenio, 20 millones de personas no tenían acceso a servicios médicos, hoy son mas de 50 millones de personas.
Además, como lo mencionó Federico Reyes Heroles en su colaboración en Excélsior del 19 de marzo de 2024, el gasto por servicios médicos representa hasta el 40% de los ingresos familiares, lo que evidencia una carga significativa para los hogares mexicanos.
Ante esta situación, el gobierno ha propuesto diversas iniciativas para intentar resolver la crisis. Una de ellas es la creación de una Megafarmacia que tendría como objetivo centralizar la distribución de medicamentos y garantizar su disponibilidad para toda la población. Sin embargo, hasta la fecha, esta idea presidencial solo ha costado millones de pesos sin ningún beneficio real, salvo por las 5 personas a quienes se les surtió su receta durante su primer mes de operaciones, lo que evidencia la falta de voluntad política y de capacidad de gestión para abordar el problema de manera efectiva.
En este contexto, surge la pregunta: ¿es justo comparar el gasto en servicios médicos en México con el de otros países, cuando existen recursos para proyectos prioritarios del gobierno, pero no para garantizar el acceso a medicamentos esenciales para los niños y las familias mexicanas?
La respuesta a esta pregunta es compleja y requiere un análisis detallado de las políticas públicas y las prioridades del gobierno. Es evidente que el sistema de salud en México enfrenta desafíos estructurales que no se resolverán de la noche a la mañana. Se requiere un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad y para combatir la ineficiencia que ha plagado al sistema durante décadas.
En última instancia, la salud de la población no puede ser sacrificada en aras de intereses políticos o económicos. Es responsabilidad del gobierno garantizar el derecho fundamental a la salud para todos los mexicanos, y esto solo se logrará mediante una verdadera voluntad política y un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. Pensando en la próxima titular del Ejecutivo, yo le preguntaría: ¿El gobierno mexicano está haciendo lo suficiente para abordar las deficiencias del sistema de salud? Y ¿Qué medidas cree que deberían tomarse para mejorar la situación?
Mientras tanto, le cuestiono a quien me lee: ¿Usted qué opina?
